Penas de cárcel para 43 empleados de ONG extranjeras en Egipto

Un tribunal de El Cairo condenó hoy a penas de uno a cinco años de cárcel con trabajos forzosos a 43 empleados, algunos de ellos en rebeldía, de ONG extranjeras acusadas de financiarse ilegalmente.

Un total de 27 condenados que fueron juzgados en ausencia -entre los que hay estadounidenses, noruegos, serbios y un alemán- han sido sentenciados a cinco años de prisión, según la agencia de noticias estatal Mena.

Los 16 acusados restantes, entre los que también hay ciudadanos de EEUU, han recibido penas de entre uno y dos años de cárcel. La corte ha ordenado también que los acusados paguen una multa de 1.000 libras egipcias (unos 143 dólares).

El tribunal ha dispuesto además el cierre de las filiales de las ONG en Egipto, además de la confiscación de sus fondos y equipos.

Los inculpados afrontaban los cargos de crear y administrar sucursales de cuatro organizaciones estadounidenses y una alemana sin autorización del Gobierno egipcio y de recibir fondos extranjeros para llevar a cabo actividades políticas ilegales.

Esas ONG son las estadounidenses Instituto Internacional Republicano, Instituto Nacional Demócrata, Freedom House y el Centro Internacional para Periodistas, así como la alemana Fundación Konrad Adenauer.

El inicio del juicio en febrero de 2012 tensó las relaciones entre Egipto y Estados Unidos, que en su día amenazó con revisar la ayuda al país árabe.

Egipto es el segundo receptor de ayuda militar estadounidense por detrás de Israel y recibe 1.300 millones de dólares anuales, además de 250 millones en asistencia económica.

La semana pasada, el presidente Mohamed Mursi envió a la Cámara alta del Parlamento un proyecto de ley para regular las ONG, que ha sido criticado por numerosas organizaciones de la sociedad civil.

Un total de 40 ONG egipcias denunciaron el jueves pasado que dicho proyecto incluye "restricciones legales más severas que las impuestas por el régimen de (el expresidente Hosni) Mubarak".

Según esos grupos, la ley revela la tendencia a imponer un mayor control administrativo y policial al trabajo de la sociedad civil.