Polémica en Uruguay por negativa a abortar a menor discapacitada violada

La negativa de los médicos de la ciudad de Salto a atender a una menor con discapacidad mental que había quedado embarazada por una violación y que les pidió abortar ha desatado una fuerte polémica en Uruguay, donde grupos civiles amenazan con denunciar el caso por la vía civil o penal.

La negativa de los médicos de la ciudad de Salto a atender a una menor con discapacidad mental que había quedado embarazada por una violación y que les pidió abortar ha desatado una fuerte polémica en Uruguay, donde grupos civiles amenazan con denunciar el caso por la vía civil o penal.

La organización Cotidiano Mujer emitió hoy un comunicado en el que "repudió"un suceso que calificó de "hecho lamentable"y pidió a las autoridades que lleven a cabo "la investigación pertinente, sin perjuicio de otras acciones judiciales que se justifiquen".

"Estamos estudiando la posibilidad de hacer una denuncia civil o penal, no lo hemos decidido todavía", señaló a Efe Lilian Celiberti, coordinadora de la entidad, respaldada por ONU Mujeres.

En Octubre de 2012 Uruguay aprobó una ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación por la sola decisión de la mujer, es decir, en cualquier supuesto, siempre que se realice bajo la supervisión del Estado.

Solo Cuba y el Distrito Federal de México tienen legislaciones tan amplias en América Latina.

La difusión de la postura de Cotidiano Mujer se produce después de que el subsecretario (viceministro) de Salud, Leonel Briozzo, definiera el caso de Salto como "muy preocupante"y advirtiera con tomar medidas.

"No puede pasar que se interrumpa la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes en un caso tan dramático como este en el que había una violación de por medio, situación prevista en el marco normativo anterior", indicó esta semana Briozzo.

La legislación previa a 2012 sobre estos supuestos, que data de 1938, ya permitía la interrupción del embarazo si había sido producto de un abuso sexual, recordó a su vez Celiberti.

Un informe realizado por la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) reveló este mes que en Salto, ciudad ubicada a unos 500 kilómetros al noroeste de Montevideo, "el 100 % de los ginecólogos y ginecólogas realizaron objeción de conciencia"cuando se enfrentaron a peticiones de aborto legal.

Para paliar la situación, las autoridades destinaron allí a una ginecóloga que viaja desde la capital dos veces por semana.

En el caso de la joven discapacitada que había sido violada, ocurrido en febrero y que fue descubierto en una investigación periodística de la web informativa Portal 180, tras conocerse el informe de MYSU, al no encontrarse esa ginecóloga, no fue atendida y finalmente fue trasladada a la capital uruguaya, detalló Cotidiano Mujer.

Briozzo justificó el traslado de la joven por la singularidad del caso, ya que "la única manera de identificar quién es el violador es con el ADN del feto y eso solo se puede hacer en Montevideo".

A pesar de que la consideran un avance, algunas organizaciones civiles han criticado la ley uruguaya porque obliga a las mujeres a pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social para recibir asesoramiento antes de tomar la decisión definitiva sobre un eventual aborto.

Luego, las mujeres disponen de cinco días de reflexión y, si ratifican su voluntad, se les practica el aborto.

"La ley expone a la mujer a una situación de dar explicaciones y depende del profesional con el que se encuentra", denunció Celiberti, según la cual "se han constatado casos en que los profesionales tratan de hacer desistir a la persona".

Uruguay registró 6.676 abortos a lo largo del primer año de despenalización, informó el Gobierno en febrero pasado.