El régimen iraní alcanza un récord histórico de ejecuciones

La República Islámica de Irán ha ejecutado a al menos mil presos condenados a muerte en lo que va de año, según informó a finales de septiembre la ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHR), que denuncia una «campaña de asesinatos masivos» en las cárceles del país de Oriente Medio. Se trata de la cifra más alta desde que la citada organización comenzó a registrar las ejecuciones en 2008, y el valor supera —cuando aún quedan más de dos meses para la conclusión del año— el récord anterior de 975 muertos en 2024.

Lo ocurrido en los dos últimos años no es para nada inédito en la historia del régimen en sus más de 45 años de existencia: tras el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, la década de 1980 registró una oleada de ejecuciones, al igual que los primeros años de la de los 90, coincidiendo con la guerra con Irak. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos califica el macabro balance como una «grave violación del derecho a la vida».

Según la citada Iran Human Rights, el régimen de los mulás aplica ahora la pena capital con más intensidad que en cualquier otro momento de las tres últimas décadas, y ello coincide con el creciente descontento de una parte de la sociedad iraní, que se echó masivamente a la calle en los años 2022 y 2023 tras la muerte de la joven estudiante Mahsa Amini bajo custodia policial y, más recientemente, la «guerra de los 12 días» con Israel del pasado mes de junio.

En estos momentos, las ejecuciones en Irán se llevan a cabo exclusivamente mediante ahorcamiento, y la mayoría tiene lugar en cárceles, aunque ocasionalmente se producen en público. Los cargos que el poder judicial del régimen considera graves como para justificar la pena de muerte incluyen «colaboración con gobiernos enemigos», «rebelión armada contra el Estado» y «corrupción en la Tierra».

En los últimos meses, la República Islámica inició una campaña de ejecuciones masivas en las prisiones de todo el país, «cuyas dimensiones, ante la ausencia de reacciones internacionales serias, se amplían cada día», denunciaba recientemente en un comunicado el director del IHR, Mahmud Amiry-Moghaddam.

La citada ONG con sede en Noruega aseguraba que sus cifras sobre ejecuciones son «un mínimo absoluto» y que el número real es mayor, «debido a la falta de transparencia y a las restricciones para informar». Según otras organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Irán es el segundo país del mundo con más ejecuciones, después de China, donde se cree que se ejecutan miles de personas al año, aunque no se dispone de cifras precisas.

Una de las últimas ejecuciones llevadas a cabo por el régimen de los mulás trascendió internacionalmente esta misma semana, cuando las autoridades de la República Islámica ponían fin a la vida de tres hombres condenados por robo a mano armada en Teherán, a los que acusaban de formar parte de una banda criminal después de ser sentenciados a muerte por «guerra contra Dios» y de que sus penas fueran ratificadas por el Tribunal Supremo. Los ejecutados eran sospechosos de participar en la conocida como «banda del terror», responsable de numerosos robos a mano armada en la capital iraní y en otras ciudades.

Desde Madrid, la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos se une a la repulsa contra el régimen por el récord de ejecuciones. Con motivo del Día Internacional contra la Pena de Muerte, el colectivo aseguraba que «en un país donde los tribunales carecen de independencia, los abogados sufren presiones y amenazas, y las familias desconocen el destino de sus seres queridos, la imposición y ejecución de la pena de muerte se convierte en una herramienta para generar miedo, silenciar las voces de los opositores y consolidar el poder».

«A partir del 1 de enero de 2025 y hasta principios de octubre, al menos 1.106 personas han sido ejecutadas en Irán; una cifra alarmante que demuestra la intensidad con la que el régimen utiliza la muerte como herramienta de represión. Solo en septiembre de 2025 se registraron al menos 171 ejecuciones. Sin embargo, de este elevado número de ejecutados, solo alrededor del 6 % ha sido reportado en los medios oficiales», lamentaba el colectivo con sede en España.

«Un alto porcentaje de estas ejecuciones pertenece a minorías religiosas y étnicas, y entre ellas se encuentran mujeres, adolescentes menores de dieciocho años y extranjeros, incluyendo decenas de afganos. A muchos de ellos se les ha negado el acceso a abogados independientes, servicios médicos y un juicio justo, y en innumerables casos se han dictado sentencias de muerte basadas en confesiones forzadas bajo tortura», constataba la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos-España, para exigir a Teherán «juicios justos, el fin de la tortura y las confesiones forzadas, y una reforma fundamental de la legislación penal».