Reino Unido aprueba su controvertida ley que limita la entrada de inmigrantes

El Gobierno británico ha anunciado este lunes la entrada en vigor de la nueva normativa migratoria que impide la entrada en el país con visado a menores de edad y otros familiares dependientes de trabajadores sanitarios que estén en activo en Reino Unido.

La norma, calificada como "cruel" y "devastadora" por las asociaciones de personal sanitario, busca reducir la entrada de inmigrantes en el país. Aproximadamente el 15 por ciento del personal sanitario en Reino Unido procede del extranjero.

"Los trabajadores sanitarios y de los cuidados realizan una aportación tremenda a nuestra sociedad cuidando a nuestros seres queridos cuando más lo necesitan, pero no podemos justificar la inacción ante este evidente abuso, ante la manipulación de nuestro sistema de inmigración y ante los insostenibles números de la inmigración", ha argumentado el ministro del Interior, James Cleverly.

El Ministerio del Interior ha destacado que el año pasado se concedieron 100.000 visados para la entrada de trabajadores sanitarios en el país y que como consecuencia directa y "desproporcionada" entraron 120.000 acompañantes. El presidente de la asociación profesional Scottish Care, Donald MacAskill, ha calificado de "hostil y xenófoba" esta medida y ha advertido de que solo provocará un deterioro aún mayor de un sector que ya se encuentra inmerso en una crisis.

"Podría tener un impacto potencialmente devastador. Nos ha costado conseguir personal y retenerlo. Para hacerlo nos apoyábamos en la política migratoria", ha explicado, según recoge la televisión pública escocesa, STV.

MacAskill ha advertido de que el mensaje que se transmite es que "queremos que vengáis y atendáis a nuestros hijos y mayores, pero no queremos que tengáis una vida propia ni trataros con dignidad ni respeto".

El Gobierno británico considera que la inmigración no es la solución a la falta de personal en el sector de los cuidados y ha propuesto un ambicioso programa de formación que beneficiará a 1,1 millones de parados de larga duración, discapacitados o pacientes crónicos.