Reino Unido pide perdón tras filtrar por error datos de afganos que intentaban huir de los talibanes

El Gobierno británico pidió disculpas tras conocerse que una filtración de datos por error puso en riesgo de muerte hasta 100.000 afganos cuando los talibanes retomaron el poder en verano de 2021. Alrededor de 24.000 afganos afectados ya han sido trasladados al Reino Unido o lo serán en el futuro como parte de la mayor operación de evacuación encubierta en tiempos de paz. Hasta 7 mil millones de libras del dinero de los contribuyentes se destinaron en su momento a gestionar las consecuencias de una operación que se ha mantenido en secreto hasta ahora.

Fue el anterior ejecutivo conservador el que creó apresuradamente la llamada 'Ruta de Respuesta a Afganistán (RRA)' tras descubrir que, a principios de 2022, un funcionario de defensa británico había filtrado por error información personal de 18.700 afganos que habían solicitado entrar en el Reino Unido.

Los ministros se enteraron de la filtración en agosto de 2023, tras la publicación de datos en un grupo de Facebook, y presos del pánico solicitaron al Tribunal Supremo una medida cautelar, la primera solicitada por un gobierno británico, para impedir cualquier divulgación posterior a los medios de comunicación.

Se temía que la publicidad pudiera poner en riesgo la vida de miles de afganos si los talibanes, que controlaban el país tras la retirada de las tropas occidentales, se enteraran de la existencia de la lista filtrada y la obtuvieran.

La filtración de datos y su coste permanecieron ocultos hasta el martes

El juez concedió la solicitud y dictaminó que su existencia permaneciera en secreto, lo que resultó en una orden judicial que permaneció vigente hasta su levantamiento el pasado martes, cuando el juez del Tribunal Supremo declaró que era hora de levantarla, ya que tenía el efecto de ocultar las discusiones sobre el gasto "de la cantidad de dinero que marca una diferencia sustancial en los planes de gasto del gobierno y que normalmente es objeto de debate político".

La orden de censura implicó que tanto la filtración de datos como el costoso plan de mitigación permanecieran ocultos a pesar de su magnitud y coste hasta que el Tribunal Supremo resolvió la batalla legal de casi dos años.

El actual ministro de Defensa del Gobierno laborista, John Healey, ofreció ayer una "sincera disculpa". En una declaración ante la Cámara de los Comunes, afirmó sentirse "profundamente preocupado por la falta de transparencia" en torno a la filtración de datos y "profundamente incómodo por verse obligado a informar a esta Cámara".

Healey declaró a los parlamentarios que el entonces ministro de defensa conservador James Heappey le informó por primera vez sobre el tema cuando estaba en la oposición en diciembre de 2023. Sin embargo, ni a Keir Starmer, actual primer ministro, ni a ningún otro miembro del gabinete actual se les informó sobre la orden de censura hasta que asumieron el cargo después de las elecciones generales de 2024.

El responsable del error catastrófico fue un soldado raso que trabajaba en el cuartel de Regent’s Park (cuartel general de las fuerzas especiales del Reino Unido) bajo el mando de Gwyn Jenkins, el director de las fuerzas especiales. Jenkins había servido en Afganistán años antes y ya había ayudado a algunos de los soldados afganos con los que sirvió a salir del país.

El soldado tenía la tarea de intentar autenticar las solicitudes de reubicación de exmiembros de las fuerzas especiales afganas y otros. Al intentarlo, sin darse cuenta, envió toda la base de datos a un grupo de afganos que ya habían sido trasladados al Reino Unido y que lo estaban ayudando. Estos luego la compartieron con otros afganos en Afganistán que podrían ser de ayuda.

El incidente permaneció en secreto hasta agosto de 2023, cuando, al parecer, a uno de los afganos a quienes se lo envió se le rechazó su solicitud de refugio. Fue entonces cuando amenazó con "divulgar" la lista en un mensaje publicado en la página de Facebook para afganos que buscan refugio en el Reino Unido.

Facebook tardó cuatro días en eliminar los nombres del sitio, tras una solicitud del gobierno, que advirtió de la amenaza. Si los talibanes conseguían la lista, se temía que pudieran empezar a revisar la lista, persiguiendo y matando a cualquiera que consideraran un traidor.

Un programa de reasentamiento para los afectados establecido en abril de 2024 tras el conocimiento del incidente por parte del entonces gobierno conservador ha permitido la llegada de 4.500 afganos al Reino Unido hasta la fecha. Ha costado 400 millones de libras, con un coste final previsto de unos 850 millones de libras. Se espera que un total de 6.900 personas lleguen al Reino Unido bajo este programa, que ya ha finalizado.

El actual Ejecutivo cree que 600 soldados afganos incluidos en la filtración, y 1.800 de sus familiares, aún se encuentran en Afganistán. El ministro de Defensa declaró a la BBC que el levantamiento de la orden judicial permitiría ahora "una cobertura y un escrutinio adecuados por parte de la prensa". "No se puede tener democracia con órdenes judiciales en vigor", afirmó.

La hija de un traductor afgano cuyos datos se filtraron declaró a la BBC que toda su familia entró en pánico. "Nadie sabe adónde se enviaron los datos; podrían haber sido enviados a los talibanes, podrían tenerlos en sus manos", declaró. Su abuela, que aún se encuentra en Afganistán, es "completamente vulnerable", añadió.