Moscú ordena el arresto del opositor Jodorkovski

El ex preso político más célebre de Rusia es acusado de ordenar dos asesinatos. El multimillonario tacha la persecución de «nueva farsa».

La Justicia rusa vuelve a poner en su punto de mira a un oligarca que se atreve a hacer política crítica con el Gobierno. En este caso, además, es «reincidente». El tribunal del distrito moscovita de Basmanni emitió ayer una orden de arresto en ausencia contra el multimillonario Mijail Jodorkovski. También se han iniciado procedimientos para su búsqueda y captura internacional en los países con los que Rusia tiene acuerdos de extradición, entre los que sin embargo no se encuentra Suiza, donde el oligarca reside desde que hace dos años fuese indultado por el presidente Vladimir Putin, bajo fuertes presiones de Berlín, después de pasar diez años en la cárcel por evasión fiscal y fraude.

Su defensa denunció entonces que aquel proceso, que se alargó durante dos años, fue un fraude, un castigo ejemplar para otros oligarcas que se atrevan a meterse en política. Jodorkovski fue un importante mecenas de la oposición rusa en los primeros años de Putin en el poder. En su década en prisión se convirtió en el «preso político» más célebre del país, paradigma para las ONG y los gobiernos europeos de la persecución que sufre la oposición rusa. En esta ocasión se le acusa de haber ordenado el asesinato en 1998 del empresario rival Viacheslav Rybkin y de Vladimir Petujov, entonces alcalde de Nefteyugansk, donde tenía su sede Yukos, la principal compañía petrolera del país, de la que poseía la mayoría del accionariado. El Comité ha vinculado estas pesquisas con un caso de 2003, en el que se investiga a Jodorkovski y a su entorno por la privatización de la empresa Apatit. Como organizadores del crimen fueron inicialmente acusados dos colaboradores cercanos de Jodorkovski: Alexei Pichuguin, ex jefe del departamento de seguridad económica de Yukos, y Leonid Nevzlin, quien fuese vicepresidente de la compañía.

«No importa dónde se esconda este acusado de delitos graves, sea en Rusia, en el extranjero o incluso en la Antártida, será perseguido y llevado ante la Justicia», amenazó Vladimir Markin, portavoz del Comité de Investigación. El acusado tachó ayer el proceso de «nueva farsa» y aseguró que no piensa limitar sus viajes por distintos países por esa orden de arresto, que por ahora no se ha hecho extensiva a Interpol. El Kremlin, por su parte, defendió que la medida no entra en contradicción con el indulto presidencial de 2013, pues se refería a distintos delitos. «Registros en Rusia Abierta después de mi encuentro con la prensa: se repite 2003, Putin se ha vuelto predecible», ironizó ayer Jodorkovski, en referencia a los registros el martes en las oficinas de Rusia Abierta, la plataforma civil opositora que fundase el oligarca en septiembre del año pasado, así como los domicilios de varios empleados de la formación en Moscú y San Petersburgo, donde se incautaron de teléfonos, ordenadores y documentación.

«Todo el que colabora con Rusia Abierta entiende perfectamente desde el principio que este tipo de presiones no son sólo posibles sino que son inevitables», lamentó ayer Jodorkovski. El lunes ofreció una rueda de prensa en Londres en la que aseguró que una nueva revolución en Rusia es «necesaria e inevitable ante la ausencia de mecanismos legales de alternancia del poder». Esa revolución, dijo, debe ser pacífica y tiene como objetivo que Putin y su círculo más íntimo rindan cuentas ante un tribunal independiente. El Estado expropió a Jodorkovski y a sus socios la propiedad de Yukos en 2003, un caso que recurrieron a la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, que les dio en 2014 la razón y ordenó una indemnización de 50.000 millones de dólares que Rusia se niega a reconocer.