Washington y Chicago se convierten en el nuevo epicentro de una compleja disputa legal y política tras la decisión de la administración Trump de enviar tropas federales a la ciudad de Illinois. La medida se produce como reacción inmediata a una orden judicial que impidió el despliegue de efectivos en Portland, Oregón.

La jueza Karin Immergut dictó una orden cautelar que paralizó el plan original de intervención en Portland, argumentando que el uso de fuerzas militares en espacios civiles vulnera principios constitucionales fundamentales. En respuesta, el gobierno federal reubicó de forma urgente a 300 soldados hacia Chicago, intensificando el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia de seguridad interna.

Las protestas que originaron este conflicto han mantenido a Portland en tensión durante más de cien noches consecutivas, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La administración sostiene que su intervención busca proteger infraestructuras gubernamentales y reducir los índices de delincuencia, mientras que autoridades locales y organizaciones civiles cuestionan la legitimidad de tal despliegue.

La portavoz Karolina Leavitt advirtió sobre posibles recortes de fondos federales a jurisdicciones que, según su criterio, permitan “situaciones de anarquía”, lo que evidencia una estrategia de presión hacia gobiernos locales. La decisión judicial representa un límite claro a las atribuciones presidenciales, recordando que ninguna autoridad está por encima de la Constitución. Immergut fue enfática al señalar que las fuerzas militares no deben sustituir el orden civil en las calles estadounidenses.