El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha redoblado sus críticas hacia el Departamento de Justicia (DOJ) de los EE UU, instando públicamente a que se presenten cargos contra dos de sus principales adversarios políticos: el senador demócrata Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. En mensajes recientes publicados en su red social Truth Social,Trump lamentó que aún no existan acusaciones formales y culpó a las autoridades judiciales de “frenar” las investigaciones por motivos políticos, según recoge The Washington Post.

La situación se ha agravado tras la renuncia de Erik Siebert, fiscal del Distrito Este de Virginia, quien se habría negado a presentar un caso de fraude hipotecario contra Letitia James, alegando falta de pruebas suficientes. La dimisión, producida a finales de la semana pasada, fue interpretada en medios estadounidenses como una consecuencia directa de las presiones políticas ejercidas por Trump. Tal como señalaThe Guardian, el abandono del cargo por parte de Siebert se produce en medio de fuertes tensiones internas en el DOJ sobre la independencia de la fiscalía.

En paralelo, Trump ha movido ficha proponiendo como sucesora de Siebert a Lindsey Halligan, abogada que formó parte de su equipo legal personal durante varias de sus batallas judiciales. El nombramiento ha generado un intenso debate en Washington sobre el riesgo de politización de un cargo clave, ya que Halligan tendría en sus manos investigaciones sensibles que podrían involucrar directamente a los rivales políticos de Trump.

Las críticas no se han hecho esperar. Diversos analistas legales advierten de que la presión de Trump sobre el Departamento de Justicia podría erosionar aún más la confianza pública en la independencia judicial del país. Organizaciones de derechos civiles han señalado que el intento de usar la fiscalía federal como herramienta contra adversarios políticos recuerda a tácticas propias de regímenes autoritarios. Mientras tanto, aliados republicanos del expresidente celebran lo que consideran un intento de “corregir la parcialidad” del sistema judicial.

Con la campaña presidencial en pleno desarrollo, este episodio añade una nueva capa de tensión a la ya compleja relación entre Trump y las instituciones judiciales estadounidenses. La pregunta central ahora es si la llegada de Lindsey Halligan al cargo supondrá un giro hacia la instrumentalización política del DOJ o si prevalecerá la resistencia institucional para mantener la independencia del sistema judicial.