Alaya acusa a un sindicalista de cobrar 265.015 euros en 4 pólizas

«Juan Antonio Florido García merced a sus relaciones con los comité de empresa gracias al cargo que ostenta en el sindicato CC OO, habría ejercido como facilitador para Vitalia, aportando información acerca de empresas del sector textil y químico en situaciones de crisis», determinaron los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y ayer, la instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, acusó al ex secretario de Organización de la Federación Textil de CC OO en Andalucía de haber cobrado cuatro pólizas irregulares y de haber posibilitado que la mencionada mediadora ofreciera a las sociedades en reestructuración un «paquete completo» que incluía «un ERE con prejubilizaciones y financiación pública garantizada».

Alaya imputa al ex dirigente de CC OO presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias por las cuatro pólizas de las que se benefició: «La contratada como consecuencia del ERE de Hytasal –empresa sevillana–, y otras tres pólizas individuales más –cuyo tomador, figura obligada al pago de la prima, era el propio Florido o alguna de las empresas del «entramado Vitalia»–, según consta en el acta de su declaración, lo que supondría un importe de «al menos la cantidad de 265.015,47» euros. Una retribución que, según apunta la juez, respondería a «la labor desempeñada en paralelo a su actividad sindical».

Florido se limitó en sede judicial a ratificar su declaración ante la Guardia Civil, motivada por la segunda fase de la «Operación Heracles», a quien negó ser ningún «intermediario comisionista». Con todo, el atestado de la UCO refleja que dejó en 1999 de trabajar en Hytasal, donde entró con 15 años, si bien, fue incluido como beneficiario en el ERE de 2003. En ese sentido, el ahora imputado aseguró a los agentes que esa póliza por prejubilación es la única que tiene, y que las otras tres respondían a un dinero que le «adeudaban» y decidieron pagárselo «a través de eso». Es más, reivindicó ante los investigadores su inocencia y negó tener nada que ver con la trama de los ERE. Alaya insiste en que mantuvo una «estrecha relación» con la mediadora Vitalia, «a través de su responsable en Andalucía», el también imputado en la causa Jesús Bordallo.

La Fiscalía solicitó ayer para Florido una fianza de responsabilidad civil de 265.015,47 euros, incrementados en el tercio legal, y la prohibición de que salga «del territorio nacional». Por contra, su abogado defendió que su cliente ha estado siempre «a disposición de la Justicia, como demuestra la declaración» policial.

Alaya interrogó además a las esposas de dos sindicalistas de la UGT de Jaén, que fueron incluidas como «intrusas –personas que cobraron sin trabajar–» en el ERE de la empresa malagueña Hytemasa. A ambas se les imputan delitos de malversación y tráfico de influencias. En concreto Josefa Martínez, quien simultaneó el cobro de las rentas de las pólizas, 96.029,40 euros, con las de su sueldo en UGT en la delegación jiennense –de donde ha sido despedida–, declaró haber devuelto el dinero a la Junta. Por su parte, María de las Nieves Ruiz, quien, según la juez, se embolsó 133.394,74 euros, también se halla inmersa en un procedimiento de reintegro.