Alaya responsabiliza a la cúpula de la Junta del sistema fraudulento que utilizó Guerrero

La juez Mercedes Alaya tiene definida la responsabilidad de la «rama política» de los ERE. Hasta el momento, a los ex altos cargos que tuvieron relación con el modelo discrecional de concesión de subvenciones durante una década les ha imputado los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. José Salgueiro, ex viceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004, conoció ayer el auto de imputación de la magistrada. Alaya le considera uno de los «promotores» del sistema ideado para evitar los controles de la Intervención General y disponer del dinero de manera rápida para garantizar la «paz social». Señala la juez que Salgueiro fue uno de los impulsores «del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instauraría en la Junta desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011».

La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla tiene cerrado a estas alturas de la investigación un mapa bien definido de lo que ha ocurrido en la Junta de Andalucía durante la última década. Como la resolución de los conflictos sociolaborales era una prioridad política, la Administración creó un modelo acorde con esa necesidad. El sistema «consistía en utilizar un crédito presupuestario, las llamadas transferencias de financiación, no previsto para ejercer dicha potestad subvencionadora, sino para financiar operaciones genéricas de las empresas públicas, y en usar una de estas empresas, un ente instrumental como fue IFA, para realizar los pagos a terceros ordenados por la Consejería de Empleo».

Esa hoja de ruta tenía un problema: la ausencia de controles. Esos agujeros fueron aprovechados y de ahí surgen los «intrusos», las «sobrecomisiones» o las ayudas arbitrarias a empresas vinculadas al PSOE y/o la Junta. La tesis de la instructora es que todas las cantidades defraudadas son consecuencia de la decisión política de utilizar las transferencias de financiación con un fin distinto al que aparece en la ley: créditos destinados a efectuar pagos para la financiación de operaciones genéricas, para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.

La actitud de los ex altos cargos de la Junta tampoco ayuda a variar la posición de la instructora. Salgueiro, como en su día hicieron los ex directores generales de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, o el ex responsable de Administración y Finanzas de la Agencia IDEA Antonio Diz-Lois, se negó a declarar. El ex «número dos» de Magdalena Álvarez –que declara el día 8– presentó un informe médico que le aconseja evitar situaciones de estrés.

Alaya tiene el relato de los hechos muy cerrado: «Este uso ilícito de fondos públicos se realizaría presuntamente con absoluta discrecionalidad, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración, consagrados en el Estatuto de Autonomía, como el de imparcialidad, transparencia y no discriminación, y los principios rectores de la actuación subvencionadora: publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad», señala en el auto.

El Parlamento, al aprobar la Ley de Presupuestos, autorizaba la disponibilidad de créditos, pero el uso que se hacía de los mismos era otro. Y en última instancia, se utilizaban las modificaciones presupuestarias durante el ejercicio, que seguían la misma vía: transferencias de financiación al ente instrumental para el pago de subvenciones. Además, pese a que las defensas de los imputados mantienen que se contaba con el aval de la Cámara andaluza, Alaya tiene claro que esto no es así y señala que «se aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario, pues la clasificación económica del gasto por artículos y subconceptos sólo es accesible a expertos», dando como resultado unas leyes de Presupuestos «que eran frontalmente contrarias a gran parte del ordenamiento jurídico, y en concreto a la Constitución o al Estatuto de Autonomía». Precisamente Salgueiro fue uno de los «impulsores» de la introducción de dicha partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el Presupuesto de 2002.

Con este dibujo, el papel de Francisco Javier Guerrero no es tan relevante. De hecho, en un auto notificado ayer a las partes al que ha tenido acceso este periódico, Alaya asegura que éste «ejecutaba un sistema diseñado por sus superiores y responsables de mayor escala, un sistema que respondería a una decisión política y que se crea indiciariamente en vía presupuestaria». La juez responde así a una imputada, Encarnación Poto Monge –ex presidenta de la empresa Acyco– y que reclamaba una pieza separada del resto de empresas beneficiarias de ayudas irregulares. Alaya considera que el nexo común del «caso de los ERE» no es sólo Guerrero, ya que el ex director general no sería «el único responsable del uso de las transferencias de financiación, y por consiguiente de la concesión de subvenciones sin observar el procedimiento legalmente establecido y los controles de la Intervención».

Ni el Ministerio Fiscal ni la Junta de Andalucía reclamaron ayer que se impongan medidas cautelares al ex alto cargo, criterio coincidente en las últimas comparecencias. Sólo el PP y el colectivo Manos Limpias lo hicieron: 20 millones de euros de responsabilidad civil el sindicato y las que la juez «considere ajustadas a derecho» en el caso de los populares.