Anticorrupción insiste en encausar a tres ex altos cargos de la Junta en una pieza del «caso ERE»

La Fiscalía Anticorrupción se siente atañida e insiste. Ha arbolado un recurso de apelación contra los autos del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que capitanea la jueza María Núñez y donde se cimenta la «macrocausa» de los ERE presuntamente irregulares, entre otras, en los que se desestimó su petición de incluir al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, al ex director general de Trabajo Juan Márquez y al ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete en la pieza en la que se investigan fondos públicos concedidos por el Gobierno andaluz a la Universidad de Sevilla (US).

En un frondoso escrito al que accedió LA RAZÓN, el Ministerio Público recuerda que el motivo por el que se les señala pasa, en resumen, por que los aludidos podrían tener «conocimiento indiciario» de «las irregularidades que se producían» en la tramitación de las mencionadas subvenciones y que quedaron reflejadas en un informe técnico que elaboraron peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). La Fiscalía considera, y así se lo traslada al juzgado entre un amplio abanico de argumentos, que la providencia en la que se fundamentó la desestimación a su recurso, se circunscribía a «una resolución de un incidente de nulidad de actuaciones de una resolución ya firme en un procedimiento distinto» al que afecta a la Universidad sevillana.

El mencionado apartado del «caso ERE» se abrió para diseccionar lo sucedido en torno a una ayuda de 30.000 euros que se efectuó mediante una transferencia bancaria con cargo a la partida presupuestaria 31L, el llamado «fondo de reptiles», al entender la propia Núñez que existían hechos con características que hacían «presumir la posible existencia de una infracción penal», según reflejó en un auto.