Sevilla

El CGPJ respalda a Alaya ante las presiones políticas del PSOE

La Razón
La RazónLa Razón

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer, como adelantó LA RAZÓN.es, respaldar de nuevo a la juez que instruye el «caso de los ERE», Mercedes Alaya, y rechazar las presiones políticas a las que está siendo objeto. La iniciativa partió del vocal territorial para Andalucía Antonio Dorado. La resolución contó con cuatro votos a favor y uno en contra. El de la fiscal y vocal a propuesta del PSOE Almudena Lastra. Ante la «preocupación» expuesta por el vocal Antonio Dorado, dadas «las manifestaciones realizadas por dirigentes políticos de Andalucía en relación con la actuación de la magistrada del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla», la Permanente reiteró» «lo acordado en su sesión del pasado 31 de julio». En esa ocasión, el CGPJ acordó por unanimidad «la exigencia de respeto a las actuaciones judiciales», después de las duras críticas del consejero de Justicia, Emilio de Llera.

Hay que recordar que el pasado viernes, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, cargó duramente contra la magistrada al no permitir que se grabara la declaración del ex director general de Presupuestos de la Junta Antonio Lozano. Jiménez criticó el nivel de «contaminación política» que hay detrás de la instrucción, que adolece, en su opinión, de «falta de rigor» y no garantiza «la tutela judicial efectiva».

Es la tercera vez que el órgano de gobierno de los jueces tiene que salir en defensa de la magistrada ante las críticas de dirigentes del Partido Socialista. En noviembre de 2011, el CGPJ apoyó a la instructora después de que el diputado socialista Alfonso Guerra deslizara que el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, y la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla habían tenido «algún expediente en común», insinuando un «affaire» sentimental. «Hay una relación fuerte personal entre la jueza y el alcalde hispalense», dijo Alfonso Guerra.

A finales de julio, el Consejo también acordó salir en defensa de la juez después de que el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, le acusara de «falta de imparcialidad y profesionalidad».

La presión del PSOE se ha redoblado después de que la magistrada haya elevado el rango de las responsabilidades políticas, al dar traslado del caso «en calidad de imputados» a los ex presidentes Griñán, Chaves y a otros cinco antiguos consejeros de la Junta. El propio ex presidente Griñán llegó a asegurar en sede parlamentaria que la juez redactaba los autos del caso a dictado del Partido Popular.