El curso arranca en Primaria con profesores de brazos cruzados: cobrando sin impartir clases

Hasta ahora eran conocidas las huelgas de brazos cruzados de los profesores pero, a partir del próximo 10 de septiembre, cuando arranca el curso escolar, Andalucía vivirá una esperpéntica situación en muchos de sus centros públicos de Primaria: habrá maestros cuyo trabajo sea precisamente ése, sí, permanecer en los colegios las horas estipuladas en sus contratos y sin alumnado al que impartir materia. Es decir, mirando las agujas del reloj. Es una primera consecuencia de la aplicación de la polémica Lomce, el particular «legado» del ex ministro Ignacio Wert. La medida afecta a una parte del profesorado de la asignatura de Religión que aún ni siquiera se ha cuantificado o, al menos, la Junta de Andalucía no ha precisado.

Como se recordará, la ley para la mejora de la calidad educativa dejaba abierta la posibilidad de reducir de 90 a 45 minutos semanales la asignatura religiosa a partir del curso 2015-16. La consejería de Educación se mostró desde un principio partidaria de aplicar esa disminución, pero ante el drama laboral que acarreaba –la medida conllevaba que prácticamente la mitad del profesorado, unos mil profesionales, fueran prescindibles– optó por dejar en manos de la dirección de los propios centros la decisión final, sirviéndose de la libre disposición de una serie de horas del calendario lectivo; es decir, de su autonomía.

¿Y qué sucede con los profesores sin carga horaria? Pues que mantienen sus contratos porque así lo decidió el Ministerio de Educación, que es el empleador. Esto significa que las condiciones laborales dependen del Gobierno central porque Andalucía es una de las pocas comunidades que no tiene transferidas estas competencias.

El pasado mes de marzo, en una reunión entre los sindicatos del colectivo de profesores y el Ministerio de Educación, se cerró el compromiso de mantener prácticamente la totalidad de los contratos el próximo curso y reanudar las conversaciones en octubre, cuando con datos reales se pudieran calibrar los efectos laborales de la minoración horaria y, a partir de ahí, buscar soluciones en pos de la estabilidad. Por todo esto, y a menos de una semana para el inicio del curso, desde CSIF se han ofrecido unas recomendaciones a los profesores afectados, más de 2.000 repartidos por las ocho provincias.

El sindicato mayoritario de este colectivo parte de que pueden darse diversas situaciones en los colegios que han optado por reducir de dos a un módulo semanal de 45 minutos la carga de la asignatura y de que «no se han recibido instrucciones precisas al efecto desde el Ministerio de Educación». En primer lugar, CSIF hace hincapié en que no se ha notificado modificación alguna de los contratos de trabajo, «así que todos deben permanecer en los colegios que figuran en sus contratos» y durante las horas establecidas en los mismos.

Si el centro de enseñanza ha optado por la reducción y sólo hay un profesor de Religión, «se dan las clases correspondientes y el resto del tiempo se permanece en el centro». Si el colegio reduce y hay más de un maestro, «cada uno da clases al número de unidades asignadas en las propuesta de contratación». En el caso de que el director considere que con un solo profesor le basta para cubrir el horario, la recomendación es que el profesor sobrante comunique que tiene contrato con el Ministerio de Educación que contempla dicho centro y que tiene asignadas un número de unidades a las que dar clase. «Si no le asignan clases a impartir, se permanece en el centro según el contrato actual». Además, CSIF sugiere que las incidencias se pongan «en conocimiento del comité de empresa y la Delegación Diocesana lo antes posible».

Esta especial situación no sólo afecta a Primaria, el sindicato también advierte que los profesores que impartían clases en Primero y Segundo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) deberán permanecer las horas que especifiquen sus contratos hasta que el Ministerio no los modifique.

El colectivo de profesores de Religión se ha movilizado durante los últimos meses para intentar frenar la presumible sangría laboral que se avecinaba, recabó el apoyo de casi medio millón de firmas y organizó movilizaciones en las ocho provincias andaluzas sin conseguir frenar una decisión que tildan de ideológica por parte del Gobierno andaluz.

En realidad, la decisión del Ministerio de otorgar una moratoria hasta comprobar cómo afecta la reducción horaria a los profesores sólo retrasa la toma de decisiones, pues para el curso 2016-17 en los centros en los que se haya aplicados habrá que adoptar medidas. Despidos, precariedad laboral y tensiones en el seno de la comunidad escolar serán las consecuencias.