El jefe de los peritos estatales defiende en el juicio de los ERE que hay «riesgo de menoscabo» e «ilegalidades»

Turrión apunta en la vista oral que las ayudas concedidas por la Junta prácticamente duplicaban las estatales

En el juicio de la pieza política de la «macrocausa» de los ERE presuntamente fraudulentos, sopa amarga para los 22 ex altos cargos de la Junta encausados entre los que se encuentran los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se dio por sentado ayer la existencia de un riesgo: el de menoscabo de fondos públicos. Fuentes del caso explicaron a LA RAZÓN que Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que interviene estos días en la vista oral, sostuvo que, a la luz del cúmulo de irregularidades ligadas a las ayudas ahora analizadas que detectó la Intervención General de la Junta –una de cuyas cabezas visibles, Manuel Gómez, forma parte de la lista de enjuiciados–, ese peligro es posible. Matizó, a preguntas de la Fiscalía, que no quería decir que se haya producido el menoscabo de dinero público pero sí que el riesgo está ahí. Ello debería haber provocado que la Intervención autonómica elaborara un informe de actuación, según defienden las partes acusadoras del proceso, pero no se hizo, pese a las deficiencias puestas de manifiesto en varios informes del ente fiscalizador regional.

Otras fuentes presentes en la Sala trasladaron a este periódico que Turrión defendió además que en el presupuesto del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que luego se convirtió en la agencia IDEA y siguió ejerciendo de caja pagadora de las subvenciones bajo sospecha, «se incluyeron gastos ficticios que nunca se realizaron». El técnico recordó también, en su réplica a lo dicho por otro de los peritos participantes en el juicio, que el Tribunal Supremo (TS), hasta el que se elevó el caso por afectar en algún momento del mismo a aforados, expuso en un auto vinculado a Griñán que «no resultaba creíble que no se hubiese dado cuenta a altos cargos» del Gobierno autonómico de anomalías como los problemas de presupuestación, máxime cuando se plasmaron por escrito en informes las «ilegalidades», como llegó a calificarlas el alto tribunal.

Y la jornada permitió que el jefe del equipo de la IGAE dejara caer otro dato: mientras la media de lo que recibían los beneficiarios de ayudas abonadas con fondos estatales en base a la Orden ministerial de 1994 era de 36.139 euros, lo financiado por el Ejecutivo andaluz casi lo doblaba al pagar a cada trabajador 66.401 euros, prácticamente «el 90 por ciento del salario neto» del agraciado, de acuerdo a lo expuesto por Turrión ante el tribunal.