Caso Madeja

El proceso de emisión de la licencia erael «habitual»

La jefa de servicio de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Evans
La jefa de servicio de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Evanslarazon

Un proceso enmarcado en la gestión «habitual» que se desarrollaba en la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y, por tanto, exento de «irregularidades». Éstos fueron los argumentos que utilizaron ayer la ex subjefa de licencias del área municipal, Emilia Barrial, y la ex jefa de servicio, Isabel Evans, durante su declaración como imputadas en el sumario por la venta «ilegal» de los suelos de Mercasevilla. La juez Mercedes Alaya investiga el concurso público por el que se adjudicó a Sanna, filial del grupo Sando, los terrenos del mercado pese a que no presentó la oferta económica más ventajosa.

Barrial ya compareció en diciembre de 2010 por haber informado favorablemente sobre la concesión de la licencia. En su primera comparecencia, alegó que el premiso era viable «condicionado a que las obras de urbanización se encontraran concluidas con la licencia de ocupación» y negó haber recibido instrucciones de sus superiores, entre ellos el entonces gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, para que no se adoptase ninguna decisión definitiva sobre el expediente de licencia de obras que pidió la inmobiliaria Larena 98, que gozaba de determinados derechos de superficie en estos terrenos.

En su declaración, Evans explicó que «en ocasiones se dan licencias condicionadas a la terminación de las obras de urbanización» y precisó que «se han dado casos recientes en los que se han concedido licencias de ocupación pendientes de la terminación de las obras de urbanización», como en el Polígono Aeropuerto de Sevilla.

Igualmente, señaló que, entre sus misiones, «no estaba la tramitación de los expedientes» y que su misión se limitaba a «supervisar los informes técnicos emitidos». En el momento de la concesión de la licencia, no conoció que «se había acordado la simultaneidad de las obras de edificación con las de obras de urbanización». Evans recordó también el mismo procedimiento al que aludió Barrial en su primera declaración, es decir, que «una licencia se puede dar condicionada a la finalización de las obras de urbanización» y que, por tanto, la Gerencia «da muchas licencias» con estas características, todo ello «con los informes favorables del Servicio de Proyectos y Obras y del Servicio de Gestión Urbanística».

La juez, de su lado, considera que con su actuación Sanma obtuvo licencia pese a que «las catorce naves industriales que se hicieron y el edificio de oficinas carecían de la infraestructura eléctrica necesaria imprescindible para ser utilizados».

Por su parte, Barrial insistió en que la recepción de las obras «no es obstáculo para que se pueda conceder licencia de edificación» y que cuando pasó el anterior expediente a los servicios de Proyectos y Gestión le contestaron que «las obras de urbanización están prácticamente concluidas y pendientes de recepcionar» y «no se advertía ninguna problemática en relación a dichas obras».

Con estas dos funcionarias se elevan a 18 las personas imputadas en esta rama del «caso Mercasevilla», entre ellos el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos y los dos ex gerentes de la Gerencia, Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán. También los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce.