El Tribunal de Cuentas Embarga 118 inmuebles a los herederos de Jesús Gil

El Tribunal de Cuentas ha dictado el embargo preventivo sobre 118 inmuebles propiedad de los hijos del que fuera alcalde de Marbella Jesús Gil, fallecido en 2004, para restituir parte del patrimonio municipal y como garantía de cobro de una sentencia que condenó a los herederos a devolver al Consistorio costasoleño 66 millones de euros más intereses, que suman en torno a otros 40 millones.

Los bienes, entre los que se encuentran viviendas, garajes, locales comerciales, fincas rústicas, y atraques en las provincias de Madrid, Toledo y Málaga, pertenecen a las sociedades Club Financiero e Inmobiliario S. A., Mirango, Vegangeles, Promotor Alcazaba, y Promotor Alhambra.

El auto, con fecha 15 de febrero, da respuesta a la demanda del Ayuntamiento que solicitó esa medida cautelar. No en vano, un año antes de la sentencia, la Sala había resuelto el embargo de las diez sociedades mercantiles que heredaron Mari Ángeles, Miguel Ángel, Jesús y Óscar Gil Marín.

Los cuatro vástagos del que fuera presidente del Atlético de Madrid fueron condenados como responsables directos solidarios en abril de 2011 en una causa de alcance contable juzgada en el Tribunal de Cuentas por transferencias sin justificar en el periodo 1994-1999 a cuatro sociedades municipales.

En esa causa, fueron también condenados el ex primer teniente de Alcalde de Marbella Pedro Román, a quien el Tribunal de Cuentas embargó sus propiedades, entre ellas un avión, un helicóptero, 41 fincas y participaciones de una sociedad mercantil.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, recordó ayer que el embargo llega después de que el Tribunal de Cuentas negara en primera instancia los embargos. Apuntó que «la medida va en la línea de actuación que siempre ha defendido este Ayuntamiento y este equipo de Gobierno de que regresen a la ciudad los bienes expoliados por anteriores corporaciones».

Muñoz hizo hincapié en que, si la sentencia es firme, «el Ayuntamiento podrá hacer uso de esos embargos y resarcirse de parte del saqueo al que fue sometida la ciudad en épocas anteriores».

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno del PP en el Consistorio, Félix Romero, añadió al respecto que «se trata de una muy buena noticia» y confió en que «una vez que podamos conseguir convertir los embargos en una cantidad líquida, puedan revertir en los ciudadanos del municipio». Según Romero, «la existencia de personas jurídicas no puede impedir que la Justicia siga su curso», por lo que consideró que «es motivo de satisfacción pensar que ningún tipo de ingeniería jurídica puede servir para distraer los fondos que le corresponden al Ayuntamiento de Marbella, porque de él salieron».

La defensa de Roca cobra 6.000 euros al mes

El Tribunal del «caso Malaya» ha acordado subir a 6.000 euros mensuales el dinero que recibirá la letrada defensora de Juan Antonio Roca, después de que la abogada presentara su renuncia en otros procedimientos judiciales. Rocío Amigo presentó un escrito en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí por el que informaba de su renuncia en los 25 procedimientos que surgieron a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por convenios urbanísticos por «falta de provisión de fondos».