El uso como arma arrojadiza de las agencias públicas mantiene en vilo a 23.900 empleados

Los escándalos en IDEA o la Faffe y la opacidad en las cuentas y la plantilla durante años cuestionan su funcionamiento

Si en algo coinciden PP y Cs es en su discurso respecto al necesario cambio político en la Junta. El acuerdo que negocien para gobernar Andalucía tendrá entre sus prioridades el sector instrumental de la Administración: 73 entes con participación pública mayoritaria –21 agencias empresariales, 24 sociedades mercantiles, 16 fundaciones y 12 consorcios–. El presumible cambio político ha sembrado el nerviosismo entre miles de trabajadores. La petición por parte de Vox como condición para su apoyo de eliminar la RTVA fue la primera señal de alarma. La radiotelevisión pública está protegida por el Estatuto de Autonomía, pero aún así los mensajes de recortes están calando.

La gran pregunta que sobrevuela a las empresas públicas es si están sobredimensionadas. No se duda de su utilidad porque cubren principalmente servicios sociales, a través de agencias como la de la Dependencia, la de Educación o la de Vivienda. Sin embargo, la gran reestructuración emprendida por la Junta en 2010 hace pensar que lo estaba: suprimió 111 entes. El punto de partida eran los 376 que conformaban su estructura entre agencias, consorcios, sociedades y fundaciones que figuran adscritos a la Administración andaluza. El balance a enero de este año era de 301 organismos, según refleja el informe sobre el sector público del Ministerio de Hacienda, incluyendo las universidades y todas aquellas sociedades en las que la Junta participa de algún modo –ya sea con otras administraciones públicas o con capitales privados, y donde no sea accionista mayoritaria–. Antes, en julio de 2010, se había aprobado el decreto de medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. A principios de 2011 eran 376 los entes dependientes de las distintas consejerías; ahora son 301. En 2008, sin embargo, eran 269. Es decir, que en solo dos años se crearon un centenar. No se tocó, sin embargo, a los trabajadores. Los 23.476 empleados que entonces figuraban en los casi cuatrocientos organismos públicos fueron recolocados en otros puestos. La Junta aclaró que el plan conllevaba la eliminación de entidades pero no de puestos de trabajo.

Las pérdidas millonarias y los casos de corrupción en los tribunales han alimentado la imagen de descontrol de ese entramado. El fraude en Invercaria, el escándalo de las tarjetas black de una fundación usadas en puticlubs o los avales y préstamos de la Agencia IDEA perdidos –521 millones entre 2013 y 2016, según el PP– han sido los más sonados. La histórica opacidad de sus cuentas y de sus plantillas ha contribuido a su demonización. Los gobiernos socialistas se negaban sistemáticamente a facilitar información precisa sobre cuántas personas integraban cada uno de esos entes, sus gastos y los sueldos que se pagaban. Los Presupuestos anuales únicamente reflejaban la composición porcentual de hombres y mujeres de las direcciones de las entidades instrumentales –evidenciando el aislamiento de las mujeres en puestos de alta responsabilidad–.

La reordenación de 2010 permitió conocer por primera vez esa cifra global. Los gastos de estas empresas han ido desde entonces en aumento, igual que su plantilla, que el año pasado contaba con 23.899 personas. De sus cuatro mil millones de presupuesto, casi mil se destinan a pagar nóminas.

La labor de la Cámara de Cuentas ha permitido destapar prácticas irregulares, que se han mantenido durante años en algunas de esas agencias. El caso de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales es paradigmático: la Cámara detectó en 2014 que la convocatoria pública para ocupar los puestos de dirección estaba hecha a medida, permitiendo a toda la cúpula seguir ocupando los mismos puestos. También otorgó direcciones de organismos dependientes, como el Centro Andaluz de las Letras y el Centro Andaluz de Fotografía, disfrazando los contratos, pese a que cobraban como altos cargos. La Cámara detectó igualmente que de sus 486 empleados, una muestra significativa había entrado sin respetar la normativa de publicitar las convocatorias y permitir el libre acceso; tampoco constaba que acreditaran su currículum ni la titulación adecuada para su puesto.