Felipe López: «Con la crisis no se iban a cerrar quirófanos, había que parar la obra pública»

España está viviendo unos momentos muy intensos y se abre una negociación inespecífica sobre cómo va a ser el país en los próximos años. ¿Cuáles pueden ser los grandes retos?

–Realmente es un momento complicado, el de mayor incertidumbre desde la Transición. Las tensiones generadas están construidas sobre los planteamientos de los nacionalismos, que no han traído nada bueno a Europa. Creo que los tirones y las tentaciones de poner en lo alto de la mesa solo mi realidad, no entendiendo que es interdependiente de la del otro, conducen al desastre. Los valores que tienen que aportarse para la solución son los mismos que en la Transición: un mínimo sentido del Estado y altura de miras. La gente tiene que perder la esperanza de que fuera del camino de las reglas constitucionales hay alguna alternativa.

–Hay un espacio más concreto en el que se van a manifestar esas tensiones: la financiación de las comunidades. ¿Cómo cree que va a afectar a un sistema que lleva ya varios años cumplido?

–Pensamos, la presidenta lo ha dicho reiteradamente, que tenemos que estar en un tratamiento que represente la media de las comunidades, ése es el principio al que no vamos a renunciar. Por definición, los recursos son insuficientes y esto nos lleva a otro debate: España tiene un sistema fiscal que no es lo suficientemente eficaz para recaudar, respecto a otros países de la Unión Europea (UE). Si decide que no quiere instalarse en el 37% de ingresos respecto al PIB y opta por acercarse a la media de la UE, que está en el 44%, hacen falta reformas. Será más fácil el acuerdo sobre la abundancia que sobre la miseria.

–¿Pero en el corto plazo ve posible el acuerdo?

–Tiene que ser posible. En Andalucía no vamos a renunciar. No puede tener al final premio el que alguien acabe desafinando. La fortaleza del resto del Estado es defender la igualdad de todos los españoles.

–¿Con el sistema de financiación estamos creando falsas expectativas? En el sentido de que Andalucía parece que está efectivamente infrafinanciada pero haría falta mucho dinero para que su departamento cumpliera todos sus compromisos...

–Si nos vamos a la referencia nacional, España lleva invirtiendo en los últimos años el 53% de lo que invierten las cuatro grandes economías de la UE. Con los que competimos invierten casi el doble que nosotros, alguien tiene que replantearse que eso no es sostenible. Y la lógica vale para el ámbito nacional y para el andaluz, evidentemente. Pero en Andalucía lo miro desde la perspectiva optimista: un matemático y filósofo inglés decía que «el pesimista se queja del viento, el optimista espera a que cambie y el realista ajusta las velas». Bien, yo estoy ajustando las velas, tratando de responder a los compromisos que tiene el Gobierno en materia de infraestructuras con lo que tengo. ¿Y qué tengo? En el año 2013, la consejería tenía 574 millones de euros de presupuesto; ahora 857, un crecimiento del 49%.

–Pero respecto a la etapa pre crisis, las inversiones se han reducido muchísimo. ¿Podríamos llegar a los 15.000 millones globales de inversión que hubo en 2006?

–Creo que sí. Fomento tenía 1.700 millones de presupuesto en 2007; nos fuimos al suelo de 574 en 2013; y estamos en la mitad de lo que fue el momento pre crisis. No se iban a cerrar quirófanos, había que parar una obra pública y el ajuste fue en todos sitios por la misma vía. ¿Qué es lo prioritario, empezar una autovía o terminar lo que estaba en marcha? Parece razonable que acabar lo que está pendiente, y eso es lo que estamos haciendo.

–En la etapa anterior, con IU durante tres años al frente de la consejería, se enarboló la bandera de la vivienda social pero se aparcó la gestión de los recursos propios. ¿Cuál es su estrategia?

–En materia de vivienda hemos aprobado un plan con una inversión prevista 730 millones de euros. La realidad va a ser superior. Las líneas de acción son intentar contribuir con normas y apoyo económico al capítulo de desahucios y la rehabilitación. La mitad del parque de viviendas andaluzas están construidas antes del año 81, cuando se aprobó la primera norma técnica que exigía una cierta calidad en las construcciones. Los recursos que tenemos los dirigimos a mejorar la ciudad existente. Nuestra preocupación es cómo ayudamos a la gente que tiene una situación precaria, mejorando la eficiencia energética –no tienen recursos para climatizar su casa–y la accesibilidad. Ahora mismo, el 10,4% de viviendas con más de tres plantas no tiene ascensor, no me consuela que ese dato en España sea del 13,6%. Desde el año 2.000 hasta el comienzo de la crisis se instalaron ascensores que facilitaron la vida a 44.000 familias, con una inversión de 320 millones. Ahora estamos retomando esa línea de trabajo: entre 2015 y 2017 diez mil familias podrán instalar su ascensor con ayudas públicas. Y además de eso, lógicamente, mover todos los recursos que tenemos: hemos vendido 270.000 metros cuadrados de suelo para promover viviendas y facilitar instalaciones industriales. Estamos contribuyendo a que la gente pueda tener una VPO. Esa dinámica va a crecer hasta 2020.

–¿Por qué las dilaciones en conceder y pagar las ayudas de alquiler social? Incluso el Defensor del Pueblo puso el acento en ello.

–Es cierto. Tiene una explicación: cuando se planteó la gestión de esta línea de ayudas, se hizo en concurrencia competitiva, algo que no llegamos a entender porque son de carácter social. Procesar en concurrencia competitiva 29.000 solicitudes ha sido muy complejo. Pedimos al Gobierno, y esto no es centrifugar responsabilidades, que se eliminara esa exigencia en el nuevo Plan de Vivienda estatal y se ha aceptado. A partir de ahora, la familia que reúna condiciones, presenta su solicitud, se constata y se paga. También hemos pedido que se planteen por tres años y no anualmente, porque es una carga de gestión innecesaria. Espero que a partir del año que viene tengamos un proceso más racional.

–¿Cuál es un plazo razonable?

–Aspiramos a que esté resuelto en seis meses.

–Por los plazos de los proyectos, es habitual que su consejería herede planificaciones anteriores, ¿hubiera actuado igual con los tranvías de Vélez Málaga y Jaén, ahora paralizados?

–La Junta decidió hacer una inversión agregada en movilidad que alcanza los 2.600 millones de euros en Málaga, Sevilla, Granada, la Bahía de Cádiz, Jaén y Vélez Málaga. Todas las actuaciones tenían sentido. Es verdad que en Jaén se ha bloqueado por una posición mal entendida del Ayuntamiento; le hemos hecho una oferta que espero que no pueda rechazar porque es un despilfarro inexplicable. Tendría que asumir el 40% del déficit, estimado en 1,7 millones al año. Si eso no es digerible, es que no se tiene ninguna sensibilidad para el tema, teniendo en cuenta además que Jaén tiene una televisión pública que le cuesta tres millones al año

–En Sevilla ha planteado continuar la ampliación financiándolo entre las tres administraciones, Ayuntamiento, Junta y Estado. ¿Ve posible un acuerdo?

–El metro que funciona ahora tuvo una financiación a tres, como en otras ciudades. Lo que le estamos pidiendo es reproducir el acuerdo que permitió tener la primera línea de Sevilla y el de Málaga. Es perfectamente posible. Ya le hemos mandado un borrador y espero que haya una respuesta.

–Pese a todos los objetivos que tiene pendientes su departamento, no se acaba de cumplir la ejecución presupuestaria. En 2016 quedó la obra pública en un 65%; 2017 no sabemos aún cómo acabará...

–El desarrollo y ejecución de la obra pública tiene una dificultad añadida, no es igual que pagar nóminas. Primero porque las obras son largas y eso produce desajustes en los plazos: aquí, en España o como ha podido pasar con el aeropuerto de Berlín. También surgen inconvenientes, como la muralla encontrada en Málaga o los restos hallados en Granada y hay que redefinir las obras.

–Las cifras de desfase con los presupuestos aprobados son bastante altas: un informe de la Cámara de Cuentas señalaba un coste adicional de 1.500 millones de euros en los metros de Granada y Málaga. En aquel momento IU estaba en la Consejería de Fomento y achacó el sobrecoste a la colaboración público-privada. ¿Ése es el gran problema?

–No soy un devoto de la colaboración público-privada pero tampoco estoy en contra, depende de para qué y de las necesidades que tenga la Administración. En el horizonte de 2040, para el conjunto de sistemas de metros y tranvías –Sevilla, Málaga, Granada, Alcalá, Bahía de Cádiz, Jaén y Vélez– la aportación estimada en función de los planes de financiación vigentes alcanza los 3.544,7 millones y una demanda de viajeros de 1.391 millones, lo que supone una aportación a la explotación de 2,54 euros por cada uno. Todo eso hay que ponderarlo junto a las mejoras medioambientales que suponen estos transportes, en la calidad del aire, reducción de la contaminación, etc. Es verdad que cuesta más, como le cuesta a uno más si se compra un piso con hipoteca.

–¿Le reconoce alguna buena herencia a IU?

–No me dedico a analizar retrospectivamente ni a criticar. Los problemas fundamentales que tiene la consejería es que el impacto de la crisis obligó a parar muchísimas obras. Al principio de la legislatura nos dotamos de los dos instrumentos fundamentales: uno, el Plan de Infraestructuras, no como mera referencia retórica, es un documento con un flujo de ingresos y unos objetivos. Y en vivienda igual, y los vamos a cumplir.

–Para cumplirlo es necesaria la colaboración de los ayuntamientos, que en su mayoría siguen ignorando la Ley de Vivienda ¿Cómo valora esa situación?

–La ley de 2010 establecía la obligación de que los ayuntamientos tuvieran su plan municipal de vivienda: solo hubo 45 que cumplieron –de 770–. Hemos tratado de convencerlos con ayudas económicas y vamos a conseguir que un número muy importante lo tengan. Cada ayuntamiento tiene que saber cuál es la demanda en su municipio: si tiene patrimonio de suelo, qué capacidad de intervenir presupuestariamente, cuál es la radiografía de la infravivienda, las necesidades de rehabilitación... si quiere actuar de manera eficaz. Les hemos dado el estímulo económico y al tiempo les hemos dicho que el ayuntamiento que no disponga de él en un plazo razonable no va a poder acceder a las ayudas. En fin, el manejo del palo y la zanahoria...