Hasta el Defensor del Pueblo alerta de que la Junta tiene pisos vacíos

El PP presentará mociones para exigir soluciones concretas en vivienda. Ante posible irregularidades, Chamizo recomienda una investigación interna en las ayudas al alquiler.

La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del Partido Popular andaluz, Alicia Martínez, indicó ayer que el Defensor del Pueblo en su informe anual de 2012 sobre Urbanismo y Obras Públicas confirma que la Junta de Andalucía tiene viviendas vacías y recomienda una investigación interna sobre posibles irregularidades en el programa de ayudas al alquiler. Martínez señaló que la realidad de la política de vivienda en Andalucía deja en evidencia que «el bipartito pone en marcha medidas de la máxima radicalidad y la mínima efectividad».

Alicia Martínez explicó que el Defensor del Pueblo expresa su preocupación por «la existencia de miles de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública u oficial que están desocupadas», en contra de lo que vienen afirmando tanto Griñán como la consejera Elena Cortés. La diputada agregó que «la Junta es la mayor inmobiliaria de Andalucía, por lo que en vez de mentir y ocultar los datos deben poner el acento en las más de 80.000 viviendas que tienen, de las que hay una estimación de 5.000 viviendas vacías».

La dirigente popular se refirió asimismo a las decenas de quejas que recoge el Defensor del Pueblo sobre el programa de ayudas al alquiler, que incluso recomienda en su informe «una investigación interna para determinar si, en la tramitación de las ayudas, se ha respetado el riguroso orden de antigüedad y valorar, por tanto, si se ha tenido presente el principio de igualdad».

Martínez calificó como «gravísimo» que el Defensor pida una auditoría interna de las ayudas al alquiler para «valorar la objetividad en su tramitación para que, en el supuesto de que se hayan producido irregularidades, con independencia de exigir las responsabilidades a que haya lugar, se adopten medidas para que no vuelva a ocurrir».

La vicesecretaria del PP andaluz aseguró que el informe del Defensor confirma que «la Junta hasta ahora no se ha puesto las medidas necesarias para facilitar una vivienda a quienes terminan siendo privados de ella como consecuencia de ejecución hipotecaria». Alicia Martínez señaló que «el PP va a tender la mano al Gobierno andaluz para buscar soluciones al problema real de la vivienda frente al balance lamentable del bipartito en esta materia». Por ello, anunció que el PP va a presentar mociones en todos los ayuntamientos para reclamar «acciones inmediatas y directas que están en manos de la Junta de Andalucía».

Martínez explicó que la moción exige que la Junta ponga las viviendas públicas vacías a disposición de los afectados por un procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria y dé a conocer a los ayuntamientos la relación de viviendas vacías en cada municipio. Además la moción reclama una política social de vivienda centrada en ofrecer soluciones a los que corren el riesgo de perderla, a aquellos que no tienen acceso a la misma y a quienes necesitan adecuarla funcionalmente o para garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad.

Alicia Martínez destacó, además, la necesidad de transparencia, por lo que la moción del Partido Popular exige que se garantice la información sobre la oferta de vivienda protegida y del parque público de viviendas de la Junta, restituyendo la información en la página web de Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), con una base de datos actualizada de las viviendas protegidas construidas y de las que están vacías y disponibles para ser alquiladas a familias afectadas por desahucios de viviendas. Asimismo, la moción reclama transparencia en la adjudicación y en la gestión de las ayudas. «Después de un año de bipartito en Andalucía, no hay soluciones concretas que ofrecer por parte del Gobierno andaluz a los afectados por desahucios. Sin embargo, la Junta es la mayor inmobiliaria de Andalucía, ya que gestiona, según datos de la propia Consejería competente en materia de vivienda, un volumen de más de 80.000 viviendas sociales repartidas por diferentes municipios, muchas de las cuales han sido promovidas por EPSA y se encuentran en estos momentos en venta, sin que encuentren adjudicatarios», recoge la moción del PP.