La Audiencia apoya que Alaya siga con la nueva causa judicial

SEVILLA-Alaya seguirá instruyendo la «Operación Madeja». La Audiencia Provincial de Sevilla ha emitido un auto en este sentido y en el que fija una fianza de 60.000 euros para la puesta en libertad del ex director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del grupo municipal Socialista Domingo Enrique Castaño, en prisión por orden de la juez Mercedes Alaya a cuenta de la investigación correspondiente a los contratos del área municipal de Vía Pública. Después de que Alaya decretase inicialmente su ingreso en prisión sin fianza el pasado 12 de julio, este auto supedita su liberación a un depósito de 60.000 euros en efectivo, toda vez que dicha cuantía será entregada previsiblemente hoy con la probabilidad de que Castaño salga de la cárcel a lo largo de la jornada.

La «Operación Madeja» investiga si Castaño, durante su etapa como responsable de Vía Pública, aceptó y recibió dádivas a cambio de conceder a determinados empresarios contratos de servicio del Ayuntamiento hispalense. Se le atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Las diligencias se dirigen contra Domingo Enrique Castaño, su esposa, el administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y el ex administrador Fiverde Ángel Manuel Macedo.

Después de que recientemente el juzgado de Instrucción 6 decidiese prorrogar durante un mes el secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones, la defensa de Domingo Enrique Castaño, el principal imputado en la causa, formalizó un nuevo recurso que se sumaba al ya promovido contra el auto emitido por la juez para decretar su ingreso en prisión sin fianza. La juez, igualmente, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones. Dicho recurso señalaba principalmente la necesidad de que el asunto sea reconducido al Decanato al objeto de su reparto vía ordinaria, con el fin de que determinadas diligencias relacionadas con las mismas personas o fuerzas políticas no sean «acaparadas» por el juzgado. La Audiencia niega que Alaya vulnere las normas al asumir esta nueva causa ni que haya «arbitrariedad».