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La «decepción» del Consejo de Ministros, en la senda perdida de la Deuda Histórica

La inconcreción de las medidas evidencia la política de gestos sin resultados, como los terrenos aún sin uso

  • Casi una década, nueve años, separan la imagen del acuerdo de la Deuda Histórica saldada en falso con terrenos y del Consejo de Ministros celebrado en Sevilla sin dejar medidas concretas / Foto: Efe
    Casi una década, nueve años, separan la imagen del acuerdo de la Deuda Histórica saldada en falso con terrenos y del Consejo de Ministros celebrado en Sevilla sin dejar medidas concretas / Foto: Efe
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

10 de noviembre de 2018. 20:56h

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M. G. Q.  Sevilla. 11/11/2018

La «decepción» de las medidas (no) anunciadas tras el Consejo de Gobierno celebrado en Sevilla
–sin plan especial de empleo, sin ayudas concretas por el temporal más allá del compromiso de declarar los enclaves como zonas catastróficas– es reciente pero no nueva. El juego político de las promesas tiene numerosos precedentes. El discurso de la financiación, de perfil guadianesco, tiende a resurgir en períodos electorales o vísperas y en los picos de confrontación entre gobiernos. La memoria, o la hemeroteca en su defecto, deja ejemplos de antecedentes. Pasó con la Deuda Histórica, pasó con el acuerdo de la ministra Montero con el consejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano; y ocurrió tras el Consejo de Ministros celebrado en la capital hispalense.

La Deuda Histórica formó parte de una retahíla política durante 27 años. En el primer Estatuto de Andalucía se acordó que la comunidad tenía que recibir cada año una cantidad extra del Estado por el déficit con el que fueron transferidas las competencias de vivienda, sanidad y educación, así como por el subdesarrollo andaluz inicial. Curiosamente, se sigue achacando, en parte, a ese «subdesarrollo» el retorno de Andalucía al furgón de cola de las regiones de la UE. En marzo de 2009, los Gobiernos central y andaluz –por aquellas fechas ambos de signo socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero y Manuel Chaves–, cifraron en 1.204 millones la cantidad que debía recibir Andalucía, cobrando como anticipo 420. El primero llegó en 1996 con el Gobierno de José María Aznar, aunque fue acordado con Felipe González, y se situó en 20.000 millones de pesetas (120 millones de euros), a los que se suman otros 300 anticipados por el Ejecutivo de Zapatero. Sorprendentemente, la Junta aceptó el pago del grueso de la deuda en terrenos. Descontadas ambas cantidades, la Deuda Histórica se cifró en 784 millones, que Andalucía tendría que recibir en «dinero contante y sonante». La sorpresa llegó cuando se anunció el pago «con asignaciones complementarias» en los Presupuestos, esto es, con solares, edificios y el traspaso de la sociedad estatal Agesa, heredera de los activos de la Exposición Universal de Sevilla. La Junta recibió dos millones en metálico. El resto fue humo.

Uno de los principales hándicap de los solares es que más del 90 por ciento de la superficie eran suelos no urbanizables, pendientes de una recalificación para sacarles rédito, siempre que hubiera un interés en comprarlos y construir. Pasados los años, en lugar de generar plusvalías, los terrenos suponen un lastre para las arcas de la Junta acarreando el pago de impuestos.

En respuesta parlamentaria consultada por LA RAZÓN, la Consejería de Hacienda señaló que «se encomendó a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) la gestión urbanística integral de determinados bienes inmuebles titularidad de la Junta de Andalucía» entre los que están terrenos de la llamada Deuda Histórica como la parcela ARI-DS-02 Tamarguillo y «Santa Bárbara» en Sevilla. En el primer caso, el 14 de octubre de 2006 fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento un Estudio de Detalle, redactado por iniciativa de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que ordenaba pormenorizadamente el ARI D.S. 02, pero no fue aprobado definitivamente. En consecuencia, cualquier desarrollo residencial en estos suelos debe pasar previamente por la aprobación definitiva de dicha figura de planeamiento. En el caso de «Santa Bárbara», en Eduardo Dato, su desarrollo queda supeditado a la redacción y aprobación de un Plan Especial para su redelimitación. AVRA está redactando la ordenación pormenorizada mediante un Plan Especial.

No sólo hay terrenos sin uso cuya titularidad pertenece a la Junta sino numerosos edificios de uso fantasma. En respuesta parlamentaria, la Junta reconoce que tiene en trámite de cesión de uso a ayuntamientos de los silos ubicados en los municipios granadinos de Iznalloz, Pedro Martínez y Santa Fe, de la anterior sede judicial en Vera (Almería), la colonia escolar de Jabugo (Huelva), un polígono de tiro en Huelva, el antiguo IES de Beas de Segura (Jaén), el Cortijo Cuatro Vientos de Los Molares (Sevilla) y está prevista la reversión de la antigua oficina de empleo al Ayuntamiento de Jódar (Jaén). «Actualmente – señaló la Junta– se llevan a cabo obras de rehabilitación en un edificio de la Plaza de la Constitución de Huelva que será sede de la Delegación del Gobierno. Además, está previsto que el edificio de Banco de España en Huelva albergue el Museo Arqueológico y está pendiente la ocupación del Edificio de Costas de Málaga como sede administrativa y del Pabellón del Siglo XV de Sevilla por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, así como la remodelación del hospital militar de Sevilla».

Por último, «está en estudio el uso de tres inmuebles en la provincia de Almería (en las localidades de Cañada de San Urbano, Cuevas de Almanzora y Olula del Río), dos inmuebles en Cádiz; tres en la provincia de Córdoba (uno en Montilla y dos en la capital), dos en Granada (en Otívar y Huéscar), tres en la provincia onubense (en Fuenteheridos, Minas de Riotinto y la capital), tres en Jaén (en Mancha Real, Úbeda y la capital), dos en Málaga (Periana y la capital) y tres en la provincia de Sevilla (dos en Cazalla de la Sierra y uno en Osuna). Pasado el tiempo electoral, las promesas se perdieron «como lágrimas en la lluvia», como terrenos de la Deuda Histórica o como los edificios sin uso por parte de la Administración andaluza.

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