La economía, otra vez un eslogan

La parte más floja del discurso de investidura de Susana Díaz fue el apartado económico. No hubo propuestas concretas y sí la plasmación de deseos, objetivos manidos desde hace décadas que luego no llegan a materializarse. José Rodríguez de la Borbolla soñó con convertir a Andalucía en la California del Sur de Europa; Manuel Chaves prometió la segunda modernización para transformar la comunidad en la Finlandia del Sur; Griñán, de la mano de Zapatero, creó el concepto de «Andalucía sostenible», que en los últimos meses mutó a algo más confuso aún como el Pacto por Andalucía; y Susana Díaz adelantó ayer que su Gobierno «hará una política de revaluación de nuestros activos, de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades».

La próxima presidenta insistió en el «mantra» del cambio de modelo productivo para que Andalucía encuentre «su mejor lugar en el escenario de la globalización». No especificó cómo, más allá de repetir las potencialidades de la región en sectores como la agroindustria, el turismo, las energías renovables, el sector aeronáutico y las áreas logísticas. Y anunció que una de sus primeras actuaciones será «lanzar una gran iniciativa que tenga la como finalidad la búsqueda de un amplísimo consenso político, social y ciudadano para que, en un plazo razonable, sentemos de común acuerdo las bases de esa renovada estrategia de crecimiento económico y social». Por supuesto, no será inminente: «Va más allá de los límites temporales de una legislatura», puntualizó. Y anticipó que no será coto cerrado de los agentes sociales tradicionales –empresarios y sindicatos–, lo que anticipa un futuro incierto a la Concertación Social, señas de identidad de anteriores Gobiernos socialistas.

A corto plazo, aseguró que reducirán la burocracia para facilitar la creación de empresas –ya ha habido varios proyectos de este tipo–; concluirán los metros de Málaga, Granada y el tranvía de la Bahía de Cádiz, que acumulan años de retraso; y renovarán las medidas del plan de choque contra el desempleo iniciadas este año, el PER urbano que gestionan los ayuntamientos para personas en riesgo de exclusión social.

Díaz también hizo suyos uno de los compromisos de Griñán al llegar a la presidencia de la Junta. «Hay que pasar de la subvención al incentivo», anunció. «Ayudar a los que se ayudan», decía el presidente en funciones, que renegaba de la «cultura de la subvención» en la que ha estado inmersa la comunidad. El problema es que los fondos reembolsables, iniciativa puesta en marcha por el equipo del todavía presidente en funciones, no ha cuajado. Los requisitos para optar a este tipo de financiación son muy estrictos y los empresarios han trasladado su malestar por el escaso impacto de la medida. El compromiso del nuevo Ejecutivo andaluz será la «reorientación integral de toda la política de incentivos, subvenciones y ayudas públicas» y en el horizonte aparece el banco público, una reivindicación de IU que aparece en el acuerdo de Gobierno y que debe aprobarse en esta legislatura.

Otro de los asuntos sobre el que pasó de puntillas es la reordenación del sector público empresarial, una exigencia de IU. El actual caos provocado por la ley impulsada por la consejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, ha sumido a funcionarios y personal laboral en un escalafón similar. El funcionamiento de las agencias públicas empresariales es deficiente y hay trabajadores sin ocupación efectiva. La hasta ahora consejera de Presidencia e Igualdad aseguró que «convocará en este mismo año una comisión de expertos independientes para que realice un análisis del sector público instrumental, para hacerlo más eficiente y coherente con sus objetivos», adelantó. «Dicha comisión elaborará un informe que deberá concluirse antes de finalizar el año 2014», una postura con la que pretende ganar tiempo hasta que se aclare el actual enredo jurídico con varios pronunciamientos de los tribunales.

«La intención del nuevo Gobierno es no elevar la presión fiscal, pero sí efectuar las modificaciones oportunas en el sistema tributario al objeto de hacerlo más eficiente y equitativo», dijo. Habrá nuevos impuestos, toda vez que IU exige uno para las grandes superficies comerciales que acabarán trasladándolo al consumidor.

El nuevo equipo económico de la presidenta tendrá que concretar las medidas que, ayer, se quedaron en un mero esbozo.