Sevilla

La empresa de la Junta del «caso Jeremie» quiere un código «antidelitos»

Soprea ha contratado los servicios de un despacho, Deloitte Abogados, para elaborar y desarrollar el manual de conducta en materia de prevención delictiva y control de riesgos sancionadores

Soprea depende de la agencia IDEA y ambas están adscritas a la consejería de José Sánchez Maldonado
Soprea depende de la agencia IDEA y ambas están adscritas a la consejería de José Sánchez Maldonadolarazon

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla han puesto la lupa sobre la gestión de los fondos Jeremie –acrónimo del inglés «Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises»– por parte de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea) de la Junta. Se trata de un ente dependiente al cien por cien de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) –ambas engarzadas a la red de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio–, a la que se le encargó la gestión de 185 millones entre 2007 y 2013 procedentes del mencionado instrumento promovido por la Unión Europea (UE) con el propósito de facilitar la financiación a empresas que cumplían determinados requisitos.

A raíz de la investigación judicial, el Gobierno autonómico ha defendido que no hubo irregularidad alguna en el procedimiento de concesión a Soprea de la intermediación de la mayor parte del mediático fondo Jeremie –Invercaria se encarga de la otra, un fondo de capital riesgo–, si bien, la Cámara de Cuentas alertó en marzo de 2013 de que esa sociedad pública «no debió resultar adjudicataria de la licitación promovida por la agencia IDEA» para ello. El Ejecutivo regional argumentó en contra, los auditores no admitieron su réplica y el Gobierno andaluz ha mantenido hasta ahora la vinculación de Soprea al fondo europeo.

En ese contexto, la sociedad pública en el punto de mira de la Justicia ha contratado servicios profesionales para la «elaboración y el desarrollo de un código de conducta en materia de prevención de delitos y control de riesgos sancionadores». El importe total de esta adjudicación es de 14.520 euros, dato que se puede comprobar en la plataforma de contratación de la Junta, y el elegido para el asesoramiento ha sido Deloitte Abogados SL, un equipo de 49 socios, capitaneado por Luis Fernando Guerra.

El mencionado despacho está especializado, entre otras cuestiones y según se refleja en la página web de la marca, en asesoramiento y planificación fiscal, fiscalidad internacional, derecho europeo y competencia, derecho procesal y arbitraje, otras ramas del derecho como el administrativo, el penal o el societario y mercantil; en prevención de blanqueo de capitales, o en nuevas tecnologías y protección de datos.

Se trata de un tipo de contratación de los englobados bajo el epígrafe de «menores». Tienen tal consideración legal las obras de un importe inferior a 50.000 euros y de hasta 18.000, si se trata de servicios de otra naturaleza. Debido a ello, poca información más respecto a él se puede encontrar en la plataforma de contratación virtual del Gobierno autonómico, ligada al portal de la transparencia, más allá de que la referencia del contrato se hizo pública el 23 de diciembre, si bien, la fecha de la resolución de la adjudicación que consta en ella es el pasado 12 de marzo. En esa época, el caso judicial sobre los Jeremie aún no había cobrado cuerpo, pero otro juzgado sevillano, el de Instrucción número 16, sí investigaba desde hacía ya más de dos años la actuación de Invercaria –la otra intermediaria– en un proceso del que se desgajó el primero.

Los contratos menores son habituales en el seno de la Administración andaluza. De hecho, en 2013 la Junta y las entidades que integraban entonces el sector público regional otorgaron 74.037 por valor de 1.802,33 millones de euros y, a la luz de lo recogido en un informe de la Cámara de Cuentas, el 94,89 por ciento del total, lo que supuso un montante de 816,28 millones, pertenecían a ese tipo. Dato que significó el «45,29 por ciento del gasto global realizado en el ejercicio».

«Sólo 3.784 contratos, representativos del 5,11 por ciento, por importe de 986,05 millones –54,71 por ciento–, superan el umbral de la contratación menor», se subraya en el documento del órgano fiscalizador autonómico.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, de cuyo departamento dependen tanto IDEA como Soprea, ha defendido la gestión de las mismas en relación a los fondos Jeremie en varias ocasiones en sede parlamentaria, donde repitió el mensaje habitual de la Junta en los casos de corrupción: mostrar su «plena disposición y colaboración» con la Justicia para «aclarar todo» y «arrojar luz». Otro miembro del Consejo de Gobierno, el titular de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, se ha pronunciado sobre el asunto para aseverar que la reglamentación contractual «permitía la adjudicación directa» a Soprea y que la Cámara de Cuentas «no invalida el procedimiento», porque la licitación estaba excluida de la Ley de Contratos Públicos.

Una consultora con luces y sombras

Deloitte es una consultora de prestigio, si bien, su historia no está exenta de vientos negros, de algunos movimientos en falso. Hace años, el Tribunal Supremo (TS) confirmó dos sanciones por un importe de 1,3 millones de euros que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, impuso a Deloitte por los errores detectados en las auditorías en las cuentas de la agencia de valores Gescartera correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000. Más recientemente, en 2014, el mismo ICAC multó a Deloitte, matriz del despacho de abogados contratados ahora por el Gobierno andaluz, con 12,4 millones por trabajos que realizó para Bankia, entidad bancaria inmersa ahora en un proceso judicial, antes de su salida a Bolsa. La decisión llegó a provocar incluso un enfrentamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Tribunal de Cuentas.