La empresa que aprobó 130 millones en préstamos, fuera del control financiero

sevilla- La Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea) no se encuentra sujeta a la supervisión del control financiero permanente pese al elevado volumen de dinero en ayudas que maneja al año, así lo confirmaron a este periódico fuentes de la entidad. Concretamente, en 2011, el último ejercicio cerrado y del que está publicada la memoria de cuentas, aprobó, como ya informó ayer este periódico, préstamos que se elevaron a 130.577.432 euros, de los que llegó a hacer efectivo el desembolso de más de 50 millones. Por la gestión de los distintos fondos, que le tiene encomendos la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la que depende, recibió, además, unas comisiones que superaron el millón de euros en ese ejercicio. Buena parte del dinero que transfiere Soprea a las empresas para apoyar el tejido productivo proviene de la Unión Europea, como es el caso del fondo Jeremie. Y el celo, por tanto, debería ser mayor. Una reciente sentencia del Tribunal General de la UE ha dejado a Andalucía sin 2,6 millones de euros de fondos Feder al detectar irregularidades.

El Consejo de Gobierno aprobó el 8 de mayo de 2007 el programa de control financiero permanente, en el que incluyó a 22 empresas entre las que estaban sociedades mercantiles como Canal Sur, la extinta Egmasa o Extenda, pero no Soprea. Con esta medida la Junta cambiaba el método imperante desde 1999. El plan de control financiero pasaba a tener carácter indefinido y no una periodicidad anual. El Ejecutivo, según información aportada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública a este periódico, ha añadido posteriormente a este control a otras entidades como la Empresa Pública de Gestión de Activos S. A. (acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de junio de 2010), Metro de Granada (21 de diciembre de 2010), Agencia Andaluza del Conocimiento (decreto del 19 de abril de 2011) o la Agencia de Servicios Sociales y Dependendencia de Andalucía (decreto del 19 de abril de 2011).

Que Soprea no se incluyera ni en 2007 ni posteriormente en el control de los interventores tiene que ver directamente con las decisiones del presidente andaluz. En 2007 Griñán era el consejero de Economía y Hacienda, departamento del que depende la Intervención, y la persona competente para participar en la elaboración de la lista de empresas incluidas en el plan de intervención. Desde abril de 2009 preside la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno sí acordó, en noviembre de 2010, incluir en el programa de control financiero permanente las ayudas económicas para estudios postobligatorios y la Beca 6.000.

La Sociedad para la Reconversión Económica de Andalucía no se ha puesto bajo la lupa de la Intervención, pese a que a partir de 2011 el volumen de dinero que maneja se eleva considerablemente debido a la gestión del fondo europeo Jeremie y de otros sin personalidad jurídica como el de Apoyo al Desarrollo Empresarial (89 millones aprobados en préstamos en 2011) o el de Espacios Productivos (más de 10 millones de euros). Es el argumento principal por el que la propia empresa justifica que el gasto en personal se triplique en un año, pasando de 482.860 euros en 2010 a más de 1,4 millones. Hay que recordar que los fondos reembolsables para el apoyo a empresas suponen una de las principales actividades de Soprea. La agencia IDEA firmó en 2009 con la Consejería de Economía e Innovación el acuerdo de financiación del instrumento de ingeniería financiera Jeremie. IDEA delegó en su instrumental Soprea la gestión de un montante de 185 millones de euros. Otros 50 millones de euros para participaciones en empresas los asumió la sociedad de capital riesgo Invercaria, sobre la que hay abierto un proceso judicial en el juzgado de Instrucción 16 de Sevilla por, entre otros delitos, presunta malversación de caudales públicos.

Soprea está siendo auditada por la Cámara de Cuentas. El órgano fiscalizador ya anotó en un demoledor informe sobre Invercaria que no se encontrara sometida al control financiero permanente. Precisamente, tras este informe explotó el «caso Invercaria», con la presunta elaboración a posteriori de informes de viabilidad económica y ayudas a empresas de la órbita del PSOE. La Cámara de Cuentas también puso de relieve en otro trabajo reciente que la Escuela Andaluza de Salud Pública tampoco estaba sometida al control de los interventores. El informe fue polémico porque este ente dependiente de la Consejería de Salud presentaba numerosas irregularidades en la gestión, entre ellas el descontrol de la tesorería y del personal.