La juez Alaya abre una nueva investigación por los avales de IDEA a empresas en crisis

La juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha abierto una nueva investigación que se cierne sobre la Junta de Andalucía. En un auto firmado el 22 de enero al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la magistrada ordena abrir diligencias previas sobre nuevas ayudas excepcionales de salvamento concedidas por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actual agencia IDEA, en el año 2009 a empresas en crisis. Alaya considera que muchas de estas ayudas, reguladas por la antigua Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se otorgaron sin la autorización preceptiva del Consejo de Gobierno andaluz y traspasaron el límite de la asignación presupuestaria prevista para préstamos de la mencionada agencia pública.

Alaya advierte además de que muchas de las empresas que han sido beneficiarias de ayudas sociolaborales que están siendo investigadas en el caso de los ERE lo fueron también «de ayudas públicas de salvamento o reestructuración concedidas» por IDEA. Una coincidencia que, según la magistrada, podría constituir un indicio de que esa agencia convirtió este mecanismo en una forma de «inyección continuada y sistemática de fondos públicos a favor de la aplicación de criterios arbitrarios de concesión».

De hecho, en su auto, la instructora recuerda que durante los ejercicios de 2008 y 2009, «el director general –en alusión a Jacinto Cañete– informó de que» se tratarían «una serie de propuestas para la autorización del pago de avales que habían sido autorizados por el anterior director general en aplicación de una interpretación propia de la normativa vigente, y que no habían sido aprobados por el Consejo Rector». Es más, en el acta de dicho órgano del 8 de junio de 2010, según recoge la juez, el entonces director general Antonio Valverde Ramos «ratificó finalmente los citados avales por importe de 55.870.814 euros». A lo que añade que un informe de la Intervención General de la Junta puso de manifiesto que en el ejercicio 2009 el total de los avales a prestar por IDEA, fijado en un importe máximo de 18 millones en el Presupuesto, ascendió a «71.284.198 euros».

Asimismo, la Intervención General de la Junta detectó «la concesión de ayudas sin tener en cuenta el requisito previo de autorización del régimen de ayudas por parte de la Comisión Europea», por lo que la juez insta a un «análisis pormenorizado y separado de la presente causa» de los ERE por si la investigación revelara «una actuación fraudulenta de IFA/IDEA en la concesión» de ayudas públicas. Cabe recordar que el PP-A cifró los avales concedidos por IDEA entre 2008 y 2012 en 210 millones.

Además, Alaya acuerda en otro auto fechado el mismo día abrir diligencia separada en relación a Astilleros de Huelva, empresa a la que la Junta concedió una ayuda de cinco millones de euros en 2011. Para la instructora, la procedencia de esa subvención, así como su «excepcionalidad» y el «procedimiento seguido» para su otorgamiento, merecen «un análisis pormenorizado y separado» del caso ERE por si «la investigación que se inicie revele una actuación fraudulenta de la Consejería de Empleo». Y matiza que, aunque la citada ayuda fue concedida con cargo a la partida presupuestaria 31L, el «fondo de reptiles», «no se otorgó en aplicación a la Orden de 1 de abril de 2011 por la que se aprobaban las bases para la concesión de ayudas sociolaborales destinadas a trabajadores afectados por expedientes de reestructuración de empresas». De nuevo el PP andaluz, personado como acusación en el «caso ERE», denunció que para dar luz verde a esa ayuda a los Astilleros onubenses la Junta había «prescindido total y absolutamente» del procedimiento establecido en la citada Orden.

Ambas resoluciones de la juez responderían a una petición de la Fiscalía Anticorrupción para no dilatar más una causa que supera los tres años de instrucción.