La Junta admite que su solución a la Atención Temprana es insuficiente

Imagine que empieza a encontrarse mal y va al médico. Después de ser sometido a diferentes pruebas la diagnostican la enfermedad «X». Inicialmente se asusta, pero los profesionales le indican que con un tratamiento rápido y eficaz su dolencia remite y le permite tener una vida normal. Piense por un momento que sólo recibe 2/3 partes de sus medicamentos, pasa el tiempo y la enfermedad se hace crónica. Y todo ello porque la Administración argumenta falta de disponibilidad presupuestaria. Probablemente no daría crédito y se indignaría con el sistema. Ahora suponga que no se trata de usted, sino que es a su hijo al que detectan un trastorno del desarrollo, por ejemplo un TEA (Trastorno del Espectro Autista), inicialmente leve pero que requiere ser tratado por profesionales. Incluso le tranquilizan diciéndole que si se actúa a tiempo, el menor podrá ser autónomo e independiente cuando crezca. Usted no dispone de recursos pero ha trabajado toda su vida y confía en la sanidad pública. Sin embargo, se encuentra con que su hijo no recibirá un tercio de las sesiones necesarias, al menos, inicialmente. ¿Increíble? No. De hecho, esto es lo que plantea la Consejería de Salud.

En el pliego de cláusulas administrativas para la regulación del nuevo acuerdo marco del servicio de Atención Temprana, la propia Junta de Andalucía admite esta atípica situación de partida en la que debía ser la solución a las irregularidades, las listas de espera y la falta de inversión que la presidenta Susana Díaz, implicada personalmente, prometía en el Parlamento andaluz hace un par de meses. «La evidencia científica actual y la experiencia adquirida a través de los años de seguimiento y recogida en el sistema de información de Atención Temprana ha permitido establecer a un grupo de profesionales expertos formados por la Consejería de Salud que la media del número de sesiones de intervención mensual es de ocho al mes por niño o niña», pero «la disponibilidad presupuestaria existente conlleva que en el presente acuerdo marco se contemple, inicialmente, un número medio de sesiones de intervención de cinco al mes por niño o niña», se especifica en el apartado 3 del Anexo I-A de dicho pliego de cláusulas administrativas. Es decir, que de partida la Junta parte con un déficit de casi el 40% del presupuesto aprobado para los dos próximos años por un valor de 29.121.120 euros, siguiendo sus propios estudios.

Consciente de esta situación, la propia Consejería incluye en la normativa mecanismos de corrección sujetos a la «modificación del presente acuerdo marco, y de los contratos derivados del mismo» antes las evidentes «razones de interés público». Así, si durante el plazo de ejecución del acuerdo, se alcanzara la media de ocho sesiones estimada y fuera preciso incrementar los recursos materiales o humanos, podrá modificarse al alza el precio unitario del acuerdo en no más del 40%, pero tendría que afectar a la totalidad de los contratos derivados del acuerdo marco que se encuentren formalizados en el momento de la modificación.

En la práctica esto significa que los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) cubrirán las sesiones concertadas (5 por menor al mes cuando deberían ser 8) mucho antes del periodo con cobertura presupuestaria y no sólo eso, sino que para ver aumentadas sus partidas tendrían que esperar a que así fuera en todos los centros para «no desvirtuar los principios de igualdad y concurrencia». En la práctica, generará una situación similar a la que ya han vivido los CAIT. Estos presentan un problema añadido. El nuevo decreto fija la ampliación de la sesión de 45 minutos a una hora de duración –45 de intervención sobre el menor y 15 de recogida y cumplimentación de datos en el sistema Alborada–, tal y como anunció la presidenta, Susana Díaz. Así, de lo 12,67 euros por una sesión de 45 minutos, la Junta pasa a pagar 18 euros por una hora. Lo que supone un aumento real de 1,13 euros por sesión, muy lejanos de la horquilla de entre 26 y 30 euros de coste que diferentes estudios de terapeutas estipulan que tiene. Los centros, por lo tanto, con los mismos medios tendrán que ampliar su agenda en un 25% para atender al mismo número de menores. Y si amplían los recursos, ofrecer el servicio resultará más deficitario aún. Con lo cual, no sería ilógico pensar que las listas de espera se pueden ampliar cuando el principal objetivo del nuevo Decreto es crear unidades específicas de diagnóstico encaminadas a reducir el tiempo de respuesta.

Para atenuar este daño, la previsión de la administración autonómica para estos dos años es poder aumentar con ocho nuevos centros la red actual e incrementar en 3.200 plazas la capacidad actual tanto de centros concertados como con ayuntamientos y diputaciones provinciales.

El reconocimiento por parte de la Junta de la prestación de un servicio inferior al fijado por sus propios expertos contraviene las indicaciones que recientemente recibió por parte de la Fiscalía del Menor, cuyas delegaciones provinciales –las últimas, Málaga y Almería– continúan recibiendo denuncias de casos flagrantes por parte de la Plataforma de Atención Temprana. El fiscal deja claro a las partes que los derechos de los niños se han de salvaguardar de forma «clara, precisa y sin limitación alguna». Luz verde a los padres.