La Junta aprueba, sin negociar, el nuevo modelo para las escuelas infantiles

El sistema de financiación cambia y se asemeja al de un «cheque» que, en función de la renta, se podrá utilizar en todos los centros

La única verdad incontestable sobre el nuevo modelo que regulará las plazas que la Junta financia en el primer ciclo de Educación Infantil –de 0 a 2 años– es que no es fruto del consenso, sino una decisión «del Gobierno». La consejera Adelaida de la Calle, una vez que el Ejecutivo andaluz aprobó el decreto ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil en Andalucía fue clara: «Es un decreto del Gobierno. Hemos cumplido con lo que teníamos que hacer», dijo.

La Consejería de Educación ha «informado» a distintos representantes del sector durante el proceso de elaboración, pero el cambio normativo es fruto de una decisión política y de la necesidad de acogerse a las recomendaciones, entre otros, de la Cámara de Cuentas. Ése fue el hilo conductor de De la Calle para justificar su decisión de aprobar un cambio normativo de este calibre sin que apenas haya tiempo de reacción, toda vez que el plazo para la adhesión de los centros al programa para el próximo curso se establece entre el 30 de marzo y el 7 de abril.

El escenario cambia por completo. Hasta la fecha, solo los centros autorizados –además de los públicos– podían ofertar plazas financiadas por la Junta. Esto cambia radicalmente, ya que cualquier centro autorizado puede adherirse al programa. «Más centros, más plazas y más posibles beneficiarios con el nuevo modelo», esgrimía la consejera.

En la práctica, cualquier familia tendrá ahora opciones de llevar a su hijo a casi cualquier centro, ya que la Junta se compromete a financiar esa plaza –en función de la renta de la unidad familiar y siempre que haya disponibilidad presupuestaria–. Se trata de una especie de «cheque» cuya cuantía variará según los ingresos de los solicitantes y que se podrá canjear en el centro.

El precio máximo por plaza no varía y se mantiene en 278,88 euros por un servicio de ocho horas y comedor. Los centros que participen en el programa deberán respetarlo y no superarlo en ningún caso. El mínimo será de 247,51 euros «para ganar en competitividad», aunque ese es uno de los temas que más críticas ha levantado por la «mercantilización» de la educación que supone.

La Junta también ha cambiado la progresividad de las ayudas que concede. Hasta la fecha existían cuatro tramos correspondientes al 100%, 75%, 50% o 25% del precio; ahora pasan a nueve, del 100%, 80%, 70%, 60% y así sucesivamente hasta el 10%. La familia que consiga la máxima bonificación se ahorra 3.067,68 euros al año (278,88 multiplicado por 11 meses), una cantidad que cobra el centro que actúa como entidad colaboradora. La unidad familiar que tenga ingresos declarados superiores a 42.000 euros no recibirán ninguna ayuda.

Frente a las críticas que ha suscitado este cambio normativo, De la Calle recordó que el primer ciclo de Educación Infantil «no es obligatorio, universal ni gratuito», porque así lo establece la normativa del Estado. Las subvenciones que se entregan son, por tanto, una prestación de la Administración –en este caso la autonómica–.

Precisamente, mientras en San Telmo se aprobaba este decreto-ley, centenares de personas se manifestaron ante las sedes provinciales de Educación convocadas por las patronales ACES, Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía y Escuelas Infantiles Unidas, apoyadas por sindicatos como CC OO, FSIE o USO, para protestar por este nuevo modelo de financiación.

Por su parte, la oposición también criticó esta normativa. A juicio del PP, «perjudica tanto a los centros como a las familias» y «esconde nuevos recortes»; Podemos criticó que ahora habrá «niños de primera y de segunda categoría», y aseguró que los andaluces no quieren «ahorrar» con el servicio de guardería.