La Junta convoca un concurso minero en terrenos que antes pidió proteger

Varias entidades critican la «descoordinada» actuación del Ejecutivo regional en relación a la Sierra de la Utrera, un enclave con un «incalculable» valor cultural, patrimonial y ambiental

«Es un auténtico disparate». Con esta corta frase resume Jorge Luis Romo, coordinador del Proyecto de Investigación y Exploración de la Sierra de la Utrera, lo que ha sucedido en torno a ese enclave ubicado en el término municipal de Casares, en Málaga. Lo impensable se ha realizado. La Junta ha declarado francos terrenos de esa zona y ha convocado un concurso público de registros mineros al haber caducado la concesión administrativa anterior. La misma Junta que tras el hallazgo de indicios de arte rupestre pidió al Gobierno central que incluyera en el Registro General de Bienes de Interés Cultural la Sima Hedionda IV, como así se hizo en abril de 2015, ubicada dentro del complejo kárstico denominado «Rampa de las Hediondas» que ahora se vería afectado por ese concurso minero. Y la misma Junta que tramita un expediente para la protección patrimonial del singular torcal en su integridad, a iniciativa de una plataforma ciudadana de la que forman parte diversas organizaciones junto al Ayuntamiento de Casares.

Lo «descoordinado» y «desconcertante» de la actuación del Gobierno regional ha provocado que tanto el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Casares como la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas hayan presentado recursos de alzada contra la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se convocó el concurso minero publicada el pasado septiembre en el Boletín Oficial autonómico (BOJA). En esos escritos, consultados por LA RAZÓN, piden a la Junta que la anule dado que, entre otras razones y más allá de las etiquetas ya mencionadas que atesora la sierra, se han incumplido obligaciones de publicidad activa recogidas en las leyes vigentes de transparencia y se ha dictado «sin haberse aprobado el trámite ambiental previo consistente en la evaluación ambiental y afección de la resolución a espacios protegidos de la red Natura 2000».

«Seguir adelante con el procedimiento para otorgar la concesión minera del registro denominado Utrera II», se asevera en esos escritos, implicaría «la destrucción consciente y permitida por una Administración autonómica de un valor cultural, patrimonial, arqueológico, ambiental y paisajístico incalculable e iría en contra de intereses generales que implican la conservación y protección» de valores «inherentes a la ciudadanía». Y no son los únicos. También han formulado alegaciones contra la resolución los ayuntamientos de Casares y Manilva y Ecologistas en Acción.

El complejo kárstico de la Sierra de la Utrera es similar aunque más pequeño que el de la también localidad malagueña de Antequera. Se concentran en él más de una treintena de localizaciones de interés patrimonial, con yacimientos relevantes como el protohistórico de Villa Vieja y «cavidades de gran valor arqueológico». Ese punto de la geografía malagueña alberga además bienes patrimoniales registrados en los catálogos generales de Patrimonio Histórico del Ejecutivo autonómico como es el caso de los Baños de la Hedionda, Los Llanos o la Cueva del Gran Duque. De hecho, en la actualidad es objeto de numerosos estudios impulsados por universidades nacionales y europeas.

El proyecto que capitanea Romo, en concreto, ha llevado a cabo hasta el momento la catalogación de 90 cavidades, de las cuales 22 presentan yacimientos arqueológicos significativos. Marcado el ritmo, desde la plataforma ciudadana que impulsa la protección del torcal lamentan «la falta de comunicación entre las dos consejerías de la Junta –Economía, de la que depende Minas, y Cultura–» con actuaciones «claramente contrapuestas». Censuran «la falta de sensibilidad» de un Gobierno que «atiende a intereses económicos sin importarle la destrucción de una zona patrimonial de tal alto valor arqueológico y natural». Tiran de memoria para hacer un nuevo disparo relacionado con otra denuncia hecha pública por este periódico: «Hemos sabido que en Gibraltar planean desarrollar un ‘macrocomplejo’ con puerto deportivo, viviendas de bajo coste y de lujo, hoteles e instalaciones comerciales en terrenos ganados al mar», arrancan, para concluir con una advertencia: permanecerán alerta para que «no se lleve a cabo este disparate» y no termine en los rellenos del Peñón «material procedente de la Utrera», como ya habría sucedido con anterioridad. «Ni en Gibraltar ni en ninguna otra parte», rematan rotundos.