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La Junta de Andalucía duplicará las unidades de valoración de violencia de género

Marín anuncia que un plan de choque para reducir la lista de espera en estos servicios.

  • El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín.
    El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín. /

    Efe

Tiempo de lectura 4 min.

14 de marzo de 2019. 13:12h

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larazon.es.  14/3/2019

El Gobierno andaluz ha puesto marcha un plan de choque que duplicará las unidades de valoración integral de violencia de género (UVIVG) con el objetivo de dar una respuesta "rápida y sin demora", ya que actualmente el plazo de espera para una cita en estas unidades se sitúa en los dos meses.

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha avanzado estas medidas en una comparecencia parlamentaria, en la que ha considerado que los recursos de estas unidades son "insuficientes" y ha lamentado el tiempo de espera para acceder a la primera cita en las mismas.

Con el objetivo de incrementar los recursos humanos disponibles, ha concretado la aplicación de un plan de choque este año (700.000 euros) para crear ocho equipos multidisciplinares más en la comunidad, con lo que se pasaría de los nueve equipos actuales (uno por provincia y dos en Cádiz) a dieciséis cuando concluya el plan.

El coste de personal de estas unidades, que pasarían de 51 a 81 profesionales, lo asumirá la partida de 3,9 millones de euros que recibe Andalucía con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha precisado Marín.

Colegiación obligatorio de los psicólogos

El vicepresidente de la Junta también ha anunciado que el Gobierno andaluz exigirá que los psicólogos de los equipos sociales encargados de elaborar informes periciales en casos de violencia de género estén colegiados, una obligatoriedad que incorporará en los pliegos de condiciones para las empresas que concurran a la adjudicación de estos servicios que espera poder dejar de externalizar esta legislatura. La medida se produce tras las críticas de Vox, reiteradas este jueves en la Comisión parlamentaria por su portavoz Francisco Serrano, por la adjudicación de estos servicios a "tasadoras inmobiliarias como Tinsa" y la polémica suscitada por su petición, rechazada por la Cámara, del listado de los profesionales que trabajan en estos servicios con nombres y apellidos. Ayer mismo Vox amplió su petición, incluyendo a los profesionales que valoran a los menores víctimas de abusos sexuales.

Marín detalló que en las nueve UVIG actuales, que pasarán a ser 16 para acortar los dos meses de retraso en la valoración de las víctimas., trabajan 19 médicos forenses, 17 psicólogos y 15 trabajadores sociales, un total de 51 profesionales que pasarán a 81 con la duplicación de estos equipos que realizan informes. Por su parte, los equipos psicosociales que realizan informes periciales de auxilio a los jueces en casos de violencia de género, actualmente hay 16 con un total de 15 trabajadores y 19 psicólogos.

Antes de junio se sacarán a concurso tres pliegos para la adjudicación de los servicios que vencen y será ahí donde "se especificará la obligatoriedad de que cualquier empresa externa que se presenta tenga colegiado a todo el personal que vaya a prestar servicios". La diputada del PSOE, Sonia Gaya, cuestionó la legalidad de esta medida al no ser obligatoria la colegiación de los psicólogos si bien Marín dijo que un informe de 2015 de la Consejería de Hacienda indica la obligación de la colegiación cuando el ejercicio de la profesión está destinado a un servicio público.

Tanto el PSOE como Adelante Andalucía y el PP denunciaron que se cuestione la profesionalidad de este personal, al que mostraron su apoyo. Marín negó que exista "desconfianza" hacia ellos pero "sí es cierto que tenemos que velar porque eso se cumpla mientras tengamos que externalizar".

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