La Junta de Andalucía tira de externalización para controlar fondos europeos

El coste del contrato puede alcanzar los 17,5 millones de euros

Hay promesas como la de abrir una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía que permitiera que quien se acercara «a lo público para aprovecharse de lo que es de todos» se lo pensara, que han sido engullidas por el sumidero de esta legislatura. Pero la presidenta de la Junta y aspirante a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz, ha sostenido en campaña que su Gobierno «ha aumentado los controles» en combate con fantasmas como los del llamado «caso ERE», el de Invercaria o las anomalías detectadas en torno a los cursos de formación subvencionados por el Ejecutivo regional, que los juzgados han desinflado penalmente. Ese incremento al que se refería Díaz no es ajeno a una de las prácticas habituales en el ámbito de la Administración autonómica: la externalización de servicios.

La Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública que capitanea Antonio Ramírez de Arellano ha destinado 10.574399,95 euros, que podrían elevarse hasta los 17.478.347,02, que es el valor estimado del contrato si se prorroga, para cubrir un servicio: el asesoramiento «para la realización de tareas de verificación y control de las operaciones cofinanciadas con los programas operativos regionales FSE y Feder en el periodo de programación 2014-2020», aunque el procedimiento de contratación arrancara el pasado verano, así como los «gastos» derivados de otro par de programas y los que se ejecuten «con cargo a la asistencia técnica» del plan de «desarrollo rural de Andalucía 2014-2020». El periodo de análisis de los candidatas ya ha culminado y la entidad beneficiaria elegida ha sido una de las cuatro grandes firmas auditoras que lograron mantener el ritmo tras la crisis e incluso aumentar su facturación como es KPMG, al ser la que presentó «la oferta más ventajosa», según consta en la documentación hilvanada a esta contrata que se puede consultar en la página web del propio Ejecutivo autonómico. En concreto en la memoria justificativa modificada vinculada a este servicio se asevera que «dada la insuficiencia de medios personales y materiales de la Administración de la Junta de Andalucía para desarrollar las actuaciones de verificación y control anteriormente enumeradas, se hace necesaria la celebración de un contrato de servicios de asesoramiento a la Dirección General de Fondos Europeos para la realización» de las labores de fiscalización mencionadas. En el mismo documento se marca que el plazo de ejecución de este contrato «tendrá una duración de dos años, comenzando su ejecución» el próximo «1 de enero de 2019». Consta también el desglose de los costes anuales que supondrá para las arcas públicas entre los que se incluyen los 248.729,15 euros que se atribuyen a las «dietas», los 194.463,14 cosidos a los «gastos generales» y los 285.860,82 euros que constituirán el «beneficio industrial». Partidos de la oposición como Podemos han planteado que se dote de más medios a entes fiscalizadores existentes como la Cámara de Cuentas, lo que evitaría gastos externos.