La Junta duplicó en cuatro años las tarjetas a inmigrantes para que tuvieran médico

Unas 59.000 personas en situación irregular figuran en el registro sanitario frente a las 26.000 incluidas en 2014

En 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy decidió derogar la universalidad de la sanidad dentro de su política de recortes. Dejaba así sin asistencia a miles de inmigrantes que se encontraban con la doble dificultad de no poder regular su situación en el país y no tener por ello derecho a acudir a un hospital en caso de necesidad. Hasta entonces, el certificado de empadronamiento era suficiente para acreditar la estancia y disponer de atención médica gratuita. La respuesta de algunas comunidades fue continuar atendiendo a esas personas. Andalucía fue una de las «insumisas». El Servicio Andaluz de Salud (SAS) no dejó nunca de aplicar la sanidad universal. La medida afecta a personas que se encuentren en España de forma irregular, al no contar con la documentación requerida.

Con la entrada en vigor del decreto del año 2012 cada comunidad buscó una vía para dar respuesta al problema. Eso provocó una nueva desigualdad entre aquellas regiones consecuentes que siguieron aplicando la sanidad universal y quienes decidieron no hacerlo. No fue hasta julio del año pasado cuando la sanidad recuperó el adjetivo universal. Los inmigrantes que habían entrado en España de manera irregular volvían a tener cubierta la sanidad, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido restricciones que antes no había. Por ejemplo, las personas que lleven menos de 90 días en España deben contar con un informe previo de los Servicios Sociales.

La atención a inmigrantes volvió a salir a debate al acusar Vox, durante la campaña electoral andaluza, al Gobierno socialista de Susana Díaz de «ocultar» información sobre 52.000 inmigrantes irregulares. Desde el partido de extrema derecha solicitaron que se trasladara esa información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que pudieran actuar y expulsar, en su caso, a esas personas.

Andalucía reconoce este derecho con una tarjeta transitoria que les permite el acceso a toda la asistencia sanitaria como cualquier andaluz. Durante el período en el que la sanidad universal no estuvo vigente en toda España, en Andalucía se duplicaron las personas que cumplían ese requisito. En 2018, eran 59.000 personas las que contaban con este documento temporal, que permite al sistema sanitario conocer cuál es la utilización de servicios por parte de este grupo, además de su situación de salud. Según las cifras publicadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2017 hubo 47.455 usuarios adheridos a la sanidad pública de forma extraordinaria. Cada año se ha ido incrementando, con 34.529 en 2015 y 37.522 en 2016. En 2014 eran 26.374 personas. Ese aumento tiene que ver también con el incremento de las llegadas a las costas de inmigrantes cruzando el Estrecho.

Sobre el uso que hacen de ella, la Junta reveló en junio que la mayor parte de la población inmigrante es joven y sana y no hace mucho uso de los centros sanitarios. No pudo detallar, sin embargo, qué coste supone, al no haberse realizado ninguna valoración del impacto económico. La entonces consejera de Salud, Marina Álvarez, sí advirtió de que lo que sí tendría un gran impacto económico sería no prestar medidas de prevención y promoción de la salud en este grupo de personas, ya que tendrían que recibir asistencia sanitaria en un momento mucho más costoso, como las urgencias. Es la misma advertencia que realizó el ministerio en verano, asegurando que la aplicación de la norma no implica un mayor coste para las arcas públicas porque permite controlar las enfermedades antes de que deriven en hospitalizaciones.

Fin a la autorización “inmediata” y durante un año

Hasta la entrada en vigor este verano del decreto sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, los extranjeros sin autorización para residir en España o que no estaban dados de alta en los ficheros de la Seguridad Social se incluían en Andalucía a través del reconocimiento de cobertura sanitaria a personas inmigrantes en situación irregular y sin recursos o atendiendo a un convenio especial para la prestación de asistencia sanitaria. Así lo ha confirmado a LA RAZÓN la Consejería de Salud y Familias, aclarando que en el primer caso los inmigrantes tenían garantizado el acceso a los servicios sanitarios públicos con la misma extensión de cobertura del resto de personas, aunque solo en Andalucía y por periodos renovables. La tarjeta de reconocimiento temporal se emite en los distritos de atención primaria y tiene la misma cobertura que la tarjeta sanitaria individual de cualquier otro ciudadano. No se les exigía ninguna documentación acreditativa, concediéndosela de forma inmediata con un plazo de validez de un año.

La Consejería aclara que con el desarrollo del nuevo decreto se les dará de alta como residentes, asignándoles un código válido para todo el país. Esta será la vía que se utilice a partir de ahora y requerirá la presentación de determinada documentación, eliminando la posibilidad de tramitarla inmediatamente, como venía realizándose en los años precedentes desde que el Gobierno suprimió la universalidad de la sanidad.