La comunidad lidera la tasa de paro a nivel nacional. La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre batió récord: 1.424.200 personas sin trabajo (el 35,42 por ciento). Se espera que los datos de cierre de año sean aún peores. Los parados que acuden mensualmente a las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tienen en la actual coyuntura de crisis pocas esperanzas de conseguir una ocupación. Hay más de 400.000 familias sin ingresos. En muchos casos la espera lleva años.

Frente a esta realidad, hay otra muy diferente, que tiene que ver con la carrera público-política. Un ejemplo es el de la ex edil socialista en el Ayuntamiento de Granada Victoria Romero, que tras ser cesada como delegada provincial de Agricultura y Pesca a finales de julio, debido a la remodelación de la estructura periférica de la Junta, ya ocupa un puesto en la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Santa Fe (Granada), dependiente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) de la Consejería del ramo que dirige Luis Planas.

Victoria Romero, licenciada en Derecho, estuvo al frente de la coordinación del Distrito Norte del Ayuntamiento de Granada entre 1999 y 2003. Tras ganar el PP las elecciones en la capital, pasó a la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) de Alhama de Granada (hasta 2008). Esta Utedlt es uno de los 95 organismos dependientes de la Consejería de Empleo que la Junta prevé tener disueltos para principios del próximo año. El siguiente destino fue la jefatura de gabinete de las consejerías de Gobernación, primero, y Agricultura y Pesca, después. En 2009 pasó fugazmente por la Gerencia provincial de la empresa pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), dependiente de la Consejería de Agricultura; y el siguiente salto a una institución pública, en 2009, fue como concejal en el Ayuntamiento de Granada, donde permaneció hasta que en junio de 2011 el Consejo de Gobierno presidido por el presidente Griñán la nombró delegada de Agricultura y Pesca, después de que el PSOE volviera a perder las elecciones en el Consistorio granadino. De hecho, el Consejo de Gobierno de del 14 de junio de 2011 fue sonado porque se produjo un nombramiento en bloque de seis delegados provinciales y todos respondían a recolocaciones de cargos del PSOE tras el descalabro de este partido en las elecciones locales de mayo de ese año. Victoria Romero ocupa en este momento un puesto en la Oficina Comarcal Agraria de Santa Fe. En los pocos minutos que dedicó a este periódico, Romero aseguró que se ha reincorporado a su puesto tras pedir una excedencia en la extinta Empresa de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP).

Se da la circunstancia de que la ex edil socialista no sólo encuentra una recolocación sino que ve ahora blindado su puesto de trabajo. La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) quedó constituida en abril de 2011 tras absorber a la Empresa de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP) y al Instituto Andaluz de la Reforma Agraria (IARA). De una mercantil (DAP) en la que el acceso a un puesto de trabajo se produjo sin aprobar ningún tipo de proceso selectivo público, Victoria Romero pasa directamente a una agencia administrativa, una vez producida la absorción de DAP. Es precisamente esta mezcla de personal «a dedo» y funcionario la que han recurrido judicialmente los empleados públicos. Uno de los últimos pronunciamientos en los tribunales sobre esta agencia fue en mayo. El TSJA declaró la nulidad de la integración de personal privado en la Agapa. La última palabra la tiene el Supremo, que es del que están pendientes ahora todos los funcionarios afectados.