La rama política suma una nueva fianza millonaria para un ex alto cargo

sevilla- La instrucción de la juez Alaya parte de la premisa de que la responsabilidad del «saqueo» de las arcas públicas andaluzas es compartida entre los altos cargos que idearon un sistema fraudulento de concesión de ayudas y aquellos que se beneficiaron económicamente del mismo. Ese planteamiento es el que sustenta las imputaciones de cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía frente a las tesis de las defensas que sólo admiten posibles irregularidades administrativas que no deberían dirimirse en una causa penal. Sin embargo, la magistrada del caso de los ERE sitúa el origen del fraude en la «rama política» y sus actuaciones se centran en delimitar la responsabilid de todos aquellos que tuvieron relación con la partida fraudulenta.

En este contexto, hay que situar la nueva fianza millonaria impuesta al ex director general de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda Buenaventura Aguilera. En un auto fechado el lunes al que tuvo acceso Europa Press, Alaya fija la responsabilidad civil del imputado en un millón de euros. Aguilera está acusado de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta fianza se suma a los 46,6 millones que interpuso a Antonio Vicente Lozano, imputado por los mismos delitos.

La instructora justifica su decisión en el uso irregular de las transferencias de financiación durante el tiempo que el ex director general de Presupuestos estuvo en el cargo. Como ya detalló en su auto de imputación, Aguilera, a los 45 días de su nombramiento, impulsó la Instrucción 1/2009 «no publicada en ningún boletín informativo» con la que pretendía impulsar un cambio de presupuestación. Lo hizo «no porque hubiera habido un cambio legislativo reciente, sino porque se conocían las consecuencias a lo largo de la década de la falta de control y de distorsión de la financiación que generaba el uso inadecuado de las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones».

Aunque el ex alto cargo se acogió a su derecho a no declarar el pasado 24 de septiembre cuando compareció ante Alaya, sí admitió las irregularidades cuando declaró como testigo ante los agentes de la Guardia Civil. Ese día –29 de agosto de 2012– señaló que «desde 2002 a 2009 se usó la transferencia de financiación de forma inadecuada», motivo por el cual impulsó una nueva instrucción cuando asumió la responsabilidad del centro directivo en la que se señalaba que esa práctica llevada hasta la fecha «está dificultando, no ya sólo la rendición de cuentas o la coherencia de la información que se aporta al Sistema Europeo de Cuentas, sino que impide también visualizar las políticas realizadas por las distintas consejerías, al tiempo que ofrece una imagen distorsionada de la financiación de las empresas públicas, ello sin obviar los diversos problemas que se plantean en el ámbito del control de este tipo de actuaciones».

Sin embargo y pese a ese conocimiento, nada cambió, mantiene la juez, porque esa conducta «se basaría en no generar un cambio real hasta el Presupuesto de 2012, pues aunque en los presupuestos de 2010 y 2011 desaparecieron las transferencias de financiación, en las memorias del Presupuesto del programa 31.L del ejercicio 2010 se decía que el objetivo era continuar la línea de colaboración con IDEA en aplicación del concierto en vigor desde el año 2001, y en el de 2011 a través de la Encomienda de Gestión, que ningún cambio suponía en el sistema utilizado por Empleo».

La juez recuerda además que el informe sobre los ERE de la Cámara de Cuentas de Andalucía situó «la tarea de elaboración presupuestaria como el origen, pues a partir de la misma, vía modificación presupuestaria, se crearía la partida fraudulenta».