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Marifrán Carazo: «El anterior Gobierno puso zancadillas a sus propios proyectos»

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio repasa las primeras acciones de su departamento y la herencia recibida

  • La consejera de Fomento, Marifrán Carazo / Foto: Manuel Olmedo
    La consejera de Fomento, Marifrán Carazo / Foto: Manuel Olmedo
Sevilla.

Tiempo de lectura 8 min.

16 de marzo de 2019. 20:33h

Comentada
Marta Maldonado.  Sevilla. 17/3/2019

La llegada de PP y Cs a la Junta ha comenzado «abriendo cajones», como lo han definido.

Pues sí, este primer mes ha sido para hacer un diagnóstico lo más real posible y aún seguimos encontrándonos sorpresas todos los días. La situación es preocupante porque es una Consejería inversora y estamos comprobando que en los últimos años muchos proyectos que estaban incluso presupuestados no han visto la luz. Están atascados. Se han ido consignando presupuesto tras presupuesto a sabiendas de que no se harían. Esto denota que la Junta de Andalucía ha estado engañando.

¿Cuánto dinero está comprometido para el próximo presupuesto?

Eran 239 expedientes, en total 579 millones de euros de traspasos pendientes, de los que son de financiación propia 140 millones. El cálculo que hicimos es muy sencillo: 140 millones bloqueados durante diez supone una inversión de 1.400 millones de proyectos que no había ninguna intención de poner en marcha. Tenemos que desbloquearlos para limpiar esas inversiones. Están repartidos por toda Andalucía, como el vial metropolitano oeste de Málaga, con 37,5 millones comprometidos –desbloquearlo extinguiendo el contrato costaría 635.000 euros– o un tramo de la autovía del Guadalhorce por 28,3 millones –habría que pagar 480.000 para liquidarlo–.

A eso se unen sentencias judiciales como la del centro comercial Nevada de Granada –casi 200 millones de indemnizacion– o el sobrecoste en obras como el metro de Sevilla.

El Gobierno anterior tuvo mala fe, sabiendo que habría elecciones tendría que haber negociado un presupuesto. Y hemos encontrado una deuda de 1.028 millones entre las tres agencias, la de Obra Pública, Vivienda y Puertos.

Parte de esa deuda se conocía y es además dinero que le debe la Junta en transferencias a sus propias agencias. De esa forma eludía que computara como deuda pública.

La Consejería encargó y puso en marcha proyectos que luego no pagaba a las agencias. Es una deuda con los bancos, refinanciada hasta 2041, pero que compromete también el presupuesto. Ese agujero el consejero anterior me lo negó.

¿Va a haber recortes respecto a la inversión actual? Han hablado de recurrir a la financiación público-privada.

De momento se está iniciando el presupuesto. Hay que abrir la mente a la colaboración privada, tiene que venir ayudar a mantener la inversión.

La Junta ya fracasó con ese modelo, ¿cómo se hará?

Este Gobierno quiere mantener un ritmo inversor importante porque ayuda a vertebrar y crear empleo, que es nuestra obsesión. Es una llamada a grupos inversores para que sepan que en Andalucía se puede hacer.

Dígame un ejemplo.

Hay muchas fórmulas. Es verdad que aquí existe un mal recuerdo porque solo una vez se intentó aprobar un paquete de iniciativas que, por razones ideológicas principalmente, no pudieron ponerse en marcha y se suspendieron incluso con obras adjudicadas. ¿Cómo se hace? Pues con todos los controles y viendo que esas infraestructuras son viables desde el punto de vista económico y social. Se contempla la concesión o la explotación posterior, pero en otros casos la empresa adelanta la inversión y Fomento va pagando en cómodos plazos. Está todo inventado.

¿Cuál será la prioridad de las inversiones?

La prioridad es dar continuidad a proyectos iniciados. Esta Consejería, desgraciadamente, está acostumbrada a devolver fondos europeos: nos hemos encontrado una situación difícil de los fondos Feder de 2014-2020. A un año de que finalice esta convocatoria vemos cómo solo hay 178 millones ejecutados, un 21%, y lo que más nos preocupa es que se han certificado solo 85 millones –el 10% de los fondos adjudicados–.

Las agencias públicas se han usado como arma arrojadiza política y la auditoría pública afecta a las tres agencias que dependen de Fomento. En Cultura ya se habla de recortes, ¿qué va a ocurrir con la plantilla?

Tenemos que esperar el primer resultado de la auditoría. La voluntad del Gobierno es conocer los resultados y tomar decisiones, tampoco vamos a precipitarnos. Nuestra denuncia política no ha sido solo cómo se han creado o si están sobredimensionadas, sobre todo es que hay que darles utilidad.

Pero se han demonizado durante años hablando de enchufismo en todas ellas.

Creo que unas más que otras. Ya hemos cerrado veintitantos «chiringuitos» porque requerían presupuesto y llevaban años sin hacer nada. Es verdad que no hay que mezclar todas porque no es el caso de las tres agencias de esta Consejería, que desarrollan proyectos, pero no basta con eso. Los trabajadores nos han recibido con ganas de colaborar. Y yo no puedo exigir nada más a mi compañero de Hacienda si no somos capaces de gastar el presupuesto que tenemos, de gastar hasta el último céntimo de fondos europeos que tenemos.

Las ayudas al alquiler social han tardado en darse más de dos años para familias muy vulnerables. ¿Se va a mejorar su gestión?

Estamos revisando la convocatoria porque hay más familias que lo necesitan y el procedimiento puede ser claramente mejorado. En Málaga y en Sevilla se deben además las ayudas de 2017. Hemos hecho un plan de choque para resolver cuanto antes esos expedientes. Las familias no paran de llamar diciendo que por favor lo resolvamos. Antes de que finalice el mes el dinero llegará.

¿Se va a ampliar el presupuesto? El actual no cubre al demanda, hay miles a la espera.

Depende también de los fondos que lleguen del Estado. Sí va a cambiar sus bases para evitar los retrasos.

La Junta tiene ochenta mil viviendas sociales propias, un parque difícil de gestionar en el que hay pisos ocupados ilegalmente.

En estos años poco se ha hecho en este sentido. Estamos examinándolas para ver su situación y la titularidad de las viviendas, de los pagos...

La mitad tenían impagos del alquiler.

Siempre se han dado cifras pero muchas veces no se corresponden con la realidad porque no ha habido un control exhaustivo, no ha interesado por parte de la Junta. Hay situaciones que hay que afrontar de manera urgente, le hablo de la zona norte de Granada: no es de recibo que haya familias que se enganchen a la luz y provoquen apagones.

Hay pisos públicos convertidos en invernaderos de marihuana.

Esas situaciones son las más urgentes porque estamos hablando de proteger a los vecinos. El Gobierno anterior ha mirado para otro lado.

¿Cómo se va a solucionar?

Primero tenemos que sensibilizar a las familias para pagar y ser capaces de detectar las viviendas ocupadas para otro fin que no podemos tolerar.

Ha anunciado que van a cambiar la Ley de Suelo porque es «farragosa».

Lo terrible es que hay ayuntamientos deseando cambiar sus planes generales y llevan años en los cajones.

¿Se volverá a la especulación y a crear otra burbuja inmobiliaria? Eso ya lo hemos vivido...

La vivienda se está recuperando y el nuevo Gobierno debe incentivar la construcción. Una cosa es un «boom» y otra poner orden. Lo más urgente es simplificar toda la maraña normativa, dentro de poco anunciaremos las primeras medidas que ya se han puesto en marcha. Tenemos el texto de la pasada legislatura y trabajaremos con la filosofía de simplificar y reducir plazos. En esta comunidad se han puesto zancadillas a muchos proyectos que podían haber llegado.

¿De qué tipo?

Pues, por ejemplo, de áreas logísticas, el puerto seco de Antequera... proyectos que hoy tenemos en los cajones porque no han contado con el Gobierno andaluz. Si es que la Junta ha puesto zancadillas a sus propios proyectos, yo lo estoy comprobando ahora. ¿Por qué los atrasos del metro de Málaga? Porque esta Consejería, siendo una obra suya, que dirige, ha puesto dificultades importantes. Podrían haber creado empleo y riqueza en Andalucía.

Se va a emprender también la regularización de viviendas «alegales».

Es una realidad que afecta a muchas personas en todas las provincias y hay que darles una solución. Otras comunidades han puesto herramientas para dar salida, ¡ojo!, a las viviendas que conocemos como fuera del ordenamiento (AFO), aquí no se trata de regularizar, si no a esas darles una salida. Hay otras que son directamente ilegales.

Todos los lunes los taxistas la «reciben» con una protesta a las puertas de la Consejería. ¿Cómo se va abordar la solución por la competencia de los VTC?

Este nuevo Gobierno se ha encontrado un problema que venía de hace años. La Junta no ha hecho absolutamente nada desde el año 2009.

Es que en principio la regulación debía ser estatal.

Yo recuperé el diálogo con un sector abandonado y ahora requieren en 45 días una solución definitiva. Me parece una barbaridad que tengamos 17 normas diferentes, que pueden ser 171 porque ya hay ayuntamientos y candidatos a alcaldías haciendo propuestas. La nueva normativa no tienen ningún criterio técnico, ¿por qué 30 minutos para precontratar o por qué 15 minutos? El Gobierno ha sido incapaz de poner normas.

¿Cuál sería una opción válida para el conflicto?

Es necesaria una regulación nacional del conjunto del sector. En paralelo, esta Consejería ayudará al taxi a mejorar para disponer de herramientas que le pueden hacer competir. Hace ocho años el sector del taxi visualizó un escenario que cambiaba y no les ayudaron a competir y a modernizarse. Han trasladado sugerencias a la Junta y no se les hizo caso: la posibilidad de compartir el taxi –se habla del «Blablacar» del taxi–, ayudar con aplicaciones digitales, facilitar la precontratación y el pago, abonos... Vuelvo a pedir paciencia y confianza al sector.

¿La carretera que una Huelva y Cádiz se va a hacer? ¿Pasará por Doñana?

Bueno, la carretera es Huelva-Cádiz, lo de Doñana lo dejamos aparte porque si algo tenemos claro es su protección. Se descartaría esa carretera si pudiera dañar al Parque. Desde luego es una de las deudas históricas de la Junta con dos provincias que no están conectadas y que vamos a rescatar con todas las garantías de protección del Parque porque debe ser una infraestructura importante.

¿La cascada de procesos electorales que vienen, afectará a la Junta?

No podemos parar. Tenemos muchas expectativas de los andaluces en la calle, pero evidentemente las elecciones siempre enturbian el debate y pueden enturbiar la gestión.

¿Tendrán muchas dificultades para aprobar sus primeros presupuestos?

Espero que se aprueben, pero hoy podríamos tener unos presupuestos aprobados si el PSOE y su presidenta hubieran sido valientes y hubieran tendido la mano al resto de grupos en junio. El PSOE ha demostrado, también en España, que es incapaz de alcanzar acuerdos. Y el PP va a demostrar que es capaz de alcanzarlos y de tener presupuestos, necesarios para provocar ese cambio que queremos en Andalucía.

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