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Moreno plantea a los empresarios un «plan de revolución» fiscal

  • El presidente del PP-A, Juanma Moreno, junto al presidente de la CGE, Gerardo Cuerva (i) durante la reunión con la junta directiva de la Confederación Granadina de Empresarios
    El presidente del PP-A, Juanma Moreno, junto al presidente de la CGE, Gerardo Cuerva (i) durante la reunión con la junta directiva de la Confederación Granadina de Empresarios / Efe
Granada.

Tiempo de lectura 2 min.

01 de marzo de 2018. 20:31h

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La Razón.  Granada. 2/3/2018

Juanma Moreno planteó a los empresarios de Granada un «plan de revolución» en «el buen sentido de la palabra» para hacer reformas fiscales, burocráticas y administrativas con las que puedan «crear empleo» desde la «iniciativa social».

El presidente del PP-A desgranó sus propuestas económicas, antes de una reunión con representantes de la Confederación Granadina de Empresarios, al objeto de modificar parámetros como el que indica que a Andalucía solo llega el 1,6% de la inversión productiva internacional que recala en España.

Se trata de procurar que «invertir en Andalucía sea fácil» y «atractivo», para lo cual también es necesario un cambio en el «modelo educativo» pues, en opinión de Moreno, «no se pueden quedar 100.000 jóvenes sin Formación Profesional en los últimos cuatro años» porque no haya habido «plazas suficientes».

Moreno enumeró las medidas para que se puedan crear 600.000 empleos netos en cuatro años, si llega a la Presidencia de la Junta de Andalucía, uniendo «esfuerzos» con el Gobierno central. Existe «una presión fiscal muy alta», en la comunidad autónoma «de manera muy especial», criticó. Y mostró su su intención de «armonizar a la baja» el impuesto de transmisiones, así como bajar un punto el IRPF autonómico, y «suprimir» el de sucesiones y donaciones, lamentando que actualmente «la administración autonómica decide si eres millonario o no». La «revolución» económica y social que plantea el PP-A pasa también por dar «dos años de respiro» a los autónomos menores de 30 años y parados de larga duración, que tendrían una «cuota cero» a la Seguridad Social durante el primer año y una «tarifa plana» de 50 euros hasta el segundo año de actividad. Además, se abordó con los empresarios su plan plurianual de infraestructuras para que los normas urbanísticas se puedan aprobar y modificar sin «tantas limitaciones legales».

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