Piden a la Fiscalía que investigue vídeos de campaña de Vox por posible delito de odio

El Defensor de Pueblo exige a las administraciones que tomen medidas para evitar la criminalización de los menores inmigrantes no acompañados y que se respeten sus derechos

La campaña electoral de Vox sigue provocando reacciones. El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, exigió ayer a los poderes públicos que tomen medidas para evitar la criminalización de los menores inmigrantes no acompañados (MENA), así como una reacción pronta para que sus derechos fundamentales sean respetados. Desde la no interferencia en los procesos electorales, el también Defensor del Pueblo de Andalucía instó a las administraciones a que garanticen el respeto a los derechos de estos menores y a los medios de comunicación y entidades públicas y privadas a «no alentar su estigmatización».

«Basta ya de alarmas sociales provocadas que dificultan el futuro de una infancia que ha sufrido una largo itinerario de dolor», pidió Jesús Maeztu a través de un comunicado.

De otro lado, siete entidades sociales han pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue si la difusión de varios vídeos de Vox, difundidos en sus redes y páginas web con motivo de la campaña, puede constituir un delito de odio tipificado en el Código Penal. Dichas entidades, entre las que se encuentran SOS Racismo, Red Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, consideran que en esos vídeos se difunden mensajes «claramente xenófobos y discriminatorios, que promueven el odio hacia la población migrante, poniéndola en situación de grave peligro».

En uno de ellos se «criminaliza a un colectivo especialmente vulnerable», como los menores migrantes sin referentes familiares, porque se emiten testimonios de personas que han sido supuestamente agredidas por esos niños, lo que generaliza las conductas violentas como algo «intrínseco» a la infancia migrante no acompañada, según esas asociaciones.

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ya anunció el pasado lunes que su formación iba a elevar a la Fiscalía de Menores el acto que protagonizó la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, a las puertas de un centro de atención a menores extranjeros no acompañados de Sevilla, por un posible delito de odio del artículo 510 del Código Penal. Ayer el PSOE andaluz reclamó a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), que defienda a esos MENA que «fueron agredidos» por Vox en lo que ven como una demostración de la «falta de humanidad» de ese partido.