Piden a la Junta que «extreme el control» en el nuevo contrato de medios aéreos para combatir el fuego

El Gobierno regional licita la cobertura del servicio que investiga la Justicia por más de 24,2 millones de euros

El Gobierno andaluz está en funciones, pero hay rumbos que se mantienen. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en concreto la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, ha licitado un servicio casi en tiempo de descuento: el «fletamiento de medios aéreos para la lucha contra incendios forestales». Las entidades interesadas en cubrirlo tendrán un espacio temporal que finaliza el próximo día 20 de este mes a las 14:00 horas para presentar las correspondientes ofertas. El importe total de la contrata, IVA incluido, asciende a los 24.279.500 euros, si bien el valor estimado de la misma se alza hasta los 48.559.000, según se puede comprobar en la referencia que sobre este contrato se ha publicado en el portal que sustenta la propia Administración autonómica. Si bien, el gasto fue autorizado por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo que comanda Susana Díaz el pasado 20 de noviembre.

El contrato se ha fraccionado en nueve lotes, aunque las empresas que aspiren a prestar el servicio podrán ofertar a todos ellos, y se elegirá a las adjudicatarias a través de un procedimiento abierto de tramitación ordinaria, de acuerdo a los datos cosidos a esta licitación. La Junta admite, en la documentación asociada al «fletamiento», que «los distintos factores de coste de este servicio son muy elevados y poco conocidos, salvo para las empresas que trabajan en el mismo» aunque ha fijado un beneficio industrial «para todos los tipos de aeronaves» a implicar en el combate contra las llamas de «un 6 por ciento», después de consultar varias fuentes para establecer los precios del expediente.

Fuentes de Ecologistas en Acción trasladaron ayer a LA RAZÓN la «cierta extrañeza» que les produce este contrato, dado que, como recordaron, existe un caso judicial abierto, el denominado «caso Infoca» que prendió gracias a la denuncia de un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y arma el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla con la jueza María de los Reyes de Flores al frente, en el que se investiga qué ha sucedido en otra contrata similar. Por ello, los conservacionistas abogan por que «se extreme el control absolutamente» en el proceso de asignación de la nueva adjudicación y por que «se tenga en cuenta que existe un 'cártel del fuego', que hay imputadas veintisiete personas y que todavía ese caso judicial no está resuelto». Además las mismas fuentes aprovechan para solicitar al Ejecutivo regional que «deje de obstaculizar la investigación» al interponer «recursos» que, a juicio de los ecologistas, «no tienen sentido», como el que elevaron a la Audiencia de Sevilla que aún tiene que resolver y que mantiene paralizado el que la Audiencia Nacional decida sobre si asume o no una parte de lo actuado en el proceso dirigido por el juzgado sevillano, tras inhibirse la instructora a su favor.