La brutal agresión que sufrieron el pasado domingo cinco profesionales médicos y un paciente en el centro de salud de Pino Montano B, por parte de algunos miembros de un clan de etnia gitana, provocó ayer que el colectivo se movilizara para reclamar medidas «contundentes» de seguridad. Se convocaron concentraciones a las puertas de todos los centros de salud de la capital hispalense con el objetivo de condenar los hechos, que se saldaron con el traslado al hospital de un médico, una enfermera y un paciente.

El Sindicato Médico alertó de que el colectivo está desarrollando su labor profesional en una situación de «riesgo» y que la Consejería de Salud prometió por escrito la incorporación de un vigilante de seguridad y «cinco meses después no se ha cumplido». Por ello, los profesionales del centro firmaron un escrito dirigido a la directora del Distrito Sanitario de Sevilla, en el que reclaman la presencia de un guardia de seguridad «a todas horas».

La agresión del pasado domingo es la tercera que se registra en el centro en lo que va de año. Otro suceso similar se produjo el pasado mes de mayo, cuando un médico necesitó de urgencia una cirugía maxilofacial tras la rotura del tabique nasal a consecuencia de una paliza. En este sentido, el sindicato CSIF alertó de que el protocolo adoptado por el Distrito Sanitario «es insuficiente, incumpliéndose reiteradamente la ley de prevención de riesgos laborales».

En cuanto a las medidas que contempla el protocolo, la central considera que tan sólo son un «parche momentáneo» y que «no solucionan la grave situación que padecen los sanitarios que atienden las urgencias».

Por su parte, la secretaria provincial del sindicato de enfermería Satse, Reyes Zabala, animó a los profesionales a «denunciar» e instó a la Administración a incrementar las medidas de seguridad, puesto que «en los últimos años se han producido muchas agresiones».

Ante tanto respaldo, la Junta reaccionó rápidamente, anunciando que se personará en la causa. La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, reconoció el trabajo de estos profesionales y subrayó que su departamento será «absolutamente inflexible» frente a situaciones de este tipo. Además, recordó que la Consejería cuenta con un Plan de Prevención y Atención , destacando la asistencia jurídica a las víctimas. Sin embargo, no se pronunció sobre la necesidad de incorporar un vigilante al centro. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, instó a dar los pasos «necesarios» para que no se repitan sucesos como éste.