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Un jefe de la UCO confirma que la Junta «decidió» implantar el sistema de los ERE

El investigador explica en el juicio que detectaron problemas con las ayudas y se optó «por agilizar todo»

Relata que, según Guerrero, «era lógico» que se enterara de la existencia de los fondos gente ligada al PSOE porque «no había publicidad»

  • Un agente de la UCO de la Guardia Civil inauguró ayer la ronda de testigos del juicio
    Un agente de la UCO de la Guardia Civil inauguró ayer la ronda de testigos del juicio
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

23 de abril de 2018. 21:15h

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N. Acedo.  Sevilla. 24/4/2018

Ha desempolvado junto a otros compañeros una década de olvido. El responsable del grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que conoce buena parte de las declaraciones cruzadas en los ERE y firmó varios atestados del caso apuntó ayer no sólo el ex consejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías, al que afectan varios de sus informes que ratificó, sino a todo el Gobierno andaluz. Aseguró que éste supo que «había un problema» con el pago de varias ayudas sociolaborales ahora bajo sospecha. A preguntas de la Fiscalía situó la «génesis» de la causa en un dinero asignado en 1999 a Hijos de Andrés Molina, al que puso reparos la Intervención regional. «Había que solucionar rápido» lo descubierto y «se optaba por agilizar todo», dijo. Es ahí, en ese contexto de celeridad, donde el agente incorporó «la discrecionalidad fundamental para resolver estos asuntos». «Como tienen problemas con la fiscalización crítica –previa–, pues van a este procedimiento para esta clase de ayudas», condensó en alusión al sistema que el Ejecutivo regional ideó para repartir los fondos públicos y que ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Luego, a preguntas del abogado del PP-A Luis García Navarro hilvanadas al Consejo de Gobierno, reiteró que entendía que sus miembros «eran conscientes» de las ayudas y en relación al «procedimiento exacto» para otorgarlas, alegó que sabían que se producían «modificaciones presupuestarias» para soportar los pagos, que vieron que «se estaban cambiando partidas presupuestarias» las cuales «se especificaba para qué eran» y, en algún caso, «hasta las empresas» para las que iban destinadas. «Detectan un problema y el Gobierno toma una decisión», repitió a modo de resumen, algo que «se ve refrendado por las modificaciones presupuestarias» para nutrir los ERE que pasaban muchos filtros y se perpetuaron año tras año, por lo que, a ojos del investigador, es poco probable que no existiera «esa voluntad» de usar el polémico modelo. Más allá del camino que se implantó en la Junta, el Ministerio Público se interesó por las fuentes por las que los posibles beneficiarios pudieron enterarse de las subvenciones y el responsable de la UCO afirmó que éstas eran «variadas» e iban desde «un delegado del IFA –más tarde agencia IDEA, las cajas pagadoras– hasta sindicalistas, Juan Lanzas –un 'conseguidor'–» o «gente de Vitalia –una de las principales mediadoras, junto a Uniter, las que «necesitaban ERE para ganar más dinero»–...». En ese punto tiró de memoria y relató que le preguntaron al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los 22 encausados, por qué «siempre» aparecía «gente vinculada al partido que está gobernando –el PSOE–» y éste respondió que «no había publicidad», con lo que «era lógico que se enterasen los que estaban al lado». Y apuntó que el ex consejero de Empleo José Antonio Viera anotó que lo llevaban en el «programa de gobierno».

Pese a que hizo referencia en múltiples ocasiones al «descontrol» que rodeaba a las ayudas en el punto de mira, al no existir solicitudes, requisitos o norma reguladora y ante la ausencia de fiscalización previa y de control «a posteriori», el agente admitió que sí que hubo «fiscalización por parte de los interventores en las transferencias de financiación». Aunque era limitada, comprobaban «va aquí y con este calendario», detalló, para sumar: «Es así como el procedimiento triunfaba». Se lo dijo a Alfonso Martínez del Hoyo, letrado del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, y fue curiosamente al contestar a otro interrogante suyo cuando defendió que «había ocultamiento» por parte de Empleo en relación a los objetivos del programa 31L. De vuelta a Zarrías, manifestó que de sus propias palabras se deduce que «tenía un conocimiento, sobre todo del territorio de Jaén, de los problemas». De hecho, «participa en diferentes negociaciones con colectivos de estas ayudas que se daban», expuso, como las cosidas, por ejemplo, a Cárnicas Molina. Recordó además un «sms» incrustado en la instrucción en el que alguien ligado a la empresa Dhul traslada a Lanzas «felicita a tu jefe G. Z.».

Comisiones, sobres y lista de regalos

El jefe del grupo de delincuencia económica de la UCO explicó en la vista oral el flujo del dinero de las pólizas con las que se pagaban las prejubilaciones y que partía de las compañías aseguradoras, sin olvidar las comisiones que, según aseveró, se pagaban a las organizaciones sindicales pese a que «no realizaban nada». Resuenan aún, de hecho, los 7,6 millones que habrían recibido UGT y CC OO, según un informe policial. El agente de la Guardia Civil confirmó también la existencia de «instrusos», aunque no se atrevió a cuantificarlos al ser la de los ERE una «causa viva», e hizo alusión a que existen manifestaciones de entrega de «dinero en metálico» a políticos, a «pagos en sobres», a «transferencias» de la aseguradora Vitalia «a Guerrero» y al entramado de Lanzas, o a una «lista de regalos» al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. No se olvidó tampoco de los presuntos abonos a «los señores del Sur».

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