Andalucía es la primera comunidad de España en índice de paro: aporta prácticamente una cuarta parte de los desempleados, unos datos que se repiten desde hace años. Casi la mitad de ellos, cuatrocientos mil, acumula más de un año buscando trabajo. Hay otro aspecto negativo en el que la comunidad asoma también como líder, el fraude fiscal. En 2015, por ejemplo, las actuaciones de la Agencia Tributaria (AEAT) permitieron destapar más de 16.600 empleos irregulares. Con el objetivo de aflorar la economía sumergida, la agencia estatal realizan «peinados», visitas presenciales donde se solicita a empresas o particulares documentación para valorar una inspección posterior. El año pasado se realizaron más de seis mil, según informaron a LA RAZÓN fuentes de la Agencia Tributaria. En toda España, la cifra se elevó a 24.591, lo que significa que Andalucía fue el objetivo de una de cada cuatro intervenciones de este tipo.

Mientras que a nivel nacional estas investigaciones se incrementaron un 12%, en Andalucía el aumento fue del doble (24%), ejerciendo una presión notablemente mayor para detectar actividades irregulares. Los alquileres opacos han experimentado el mayor crecimiento, realizándose un 49% más de comprobaciones.

Las mismas fuentes detallaron que las actuaciones se han desarrollado en ámbitos de actividad muy diversos, destacando de forma importante las actuaciones seguidas dentro del plan de visitas de la AEAT en Andalucía. La finalidad de estas actuaciones es detectar bolsas de actividad sumergida mediante distintas acciones como acreditar la adecuada declaración censal de personas con actividad económica; obtener información cualificada de la actividad y realizar un seguimiento exhaustivo de carácter preventivo de determinadas actividades o contribuyentes con elevado perfil de riesgo fiscal; y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Desde la AEAT, detallan que se centran principalmente en regularizar actividades en las que puedan existir gastos ficticios por declaración de un IVA soportado irreal, muy superior al que resulta de sus propias declaraciones informativas ya sea por gastos amparados en facturas falsas o incluso inexistentes de los que ni siquiera tienen factura. Igualmente se han desarrollado visitas sobre sectores concretos para conseguir, a partir de información de terceros (información bancaria, de usos de TPV en negocios, consumos), verificar la correcta declaración de los ingresos procedentes de esa actividad.

En el sector inmobiliario, las visitas han perseguido el control y la detección de actividades ocultas a Hacienda y el descubrimiento de estructuras ficticias constituidas para reducir la carga fiscal. Entre las primeras se incluyen ingresos ocultos por alquiler de viviendas con fines turísticos o residenciales. En estos casos, los inspectores acuden a los pisos para recabar la información necesaria. La elusión de impuestos por estructuras ficticas implica, por ejemplo, que se compren inmuebles a nombre de una empresa, pese a ser utilizados como viviendas por sus administradores.

Por otra parte, para el control de actividades económicas ocultas total o parcialmente, se ha fomentado la realización de actuaciones de comprobación en los propios establecimientos, del cumplimiento de las obligaciones formales, (correcta llevanza de libros, obligaciones de facturación, verificación de los medios de pago utilizados, etc...) así como cualquier otra documentación fiscal, contable o mercantil acreditativa de la veracidad de las operaciones realizadas.

Una parte importante para perseguir el fraude es la colaboración ciudadana. Aunque la AEAT no detalla de momento las denuncias presentadas en Andalucía, destaca la concienciación de la sociedad en este sentido. Las unidades de planificación y selección de contribuyentes son las encargadas de analizar las presentadas tanto por incumplimiento de la obligación de pagos en efectivo –fijado en 2.500 euros en la Ley Antifraude de 2012–, como las denuncias tributarias de ámbito general. En el ámbito nacional, se iniciaron 7.263 expedientes de análisis de denuncias en relación con el incumplimiento de la limitación de esos pagos, un 19,3% más que en 2015. Además, se controlaron la facturación, medios de pago y uso de efectivo mediante 534 visitas, un 75,6% más que el año anterior.

Respecto a las cifras globales de 2016, de momento no se han regionalizado. Sí se han publicado a nivel estatal, destacando los 14.883 millones de euros obtenidos por la Agencia Tributaria, que impulsó 108.338 actuaciones de comprobación e investigación, por encima de las 107.580 del año anterior. Además, se adoptaron 3.839 medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales, un 72% más que en 2011, de las cuales más de la mitad se insertan en la Ley Antifraude.

Los resultados en la lucha contra el fraude fiscal en 2015 alcanzaron una tope histórico, con 1.405 millones aflorados, con un aumento de más del 6,5% sobre 2014 y casi el doble que hace una década, consolidando el alza experimentada en los últimos años. En total, en la anterior legislatura se ingresaron más de 5.120 millones de euros y se destaparon 64.000 empleos irregulares.