Varapalo del TSJA a la política minera de la Junta de Andalucía al tumbar un permiso de Riotinto

Anula la autorización ambiental de la mina onubense al admitir un recurso de Ecologistas en Acción

«La participación y la información constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental y la emisión del informe de verificación de compatibilidad ambiental así como la documentación indispensable del expediente aportada a posteriori, constituyen una fase relevante», de forma que «si no se somete» a aquéllas, «se desatienden ambos principios». Este párrafo forma parte de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha enturbiado la actividad en la mina de Riotinto, en Huelva. La historia de ese fallo se remonta a julio de 2014 cuando la federación andaluza de Ecologistas en Acción interpuso un recurso contra la Resolución de 27 de marzo de 2014 de una dirección de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta que otorgó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto de explotación del complejo minero, cuya reapertura impulsó entonces Emed Tartessus S L U, reconvertida ahora en Atalaya Riotinto Minera.

Los ecologistas pedían su nulidad apoyados en un rosario de motivos y el Alto Tribunal autonómico ha desechado algunos y hecho suyos otros. Sostiene el TSJA en su fallo, consultado por LA RAZÓN, que, en efecto y como aseveraban los conservacionistas, «se incumplió la normativa que regula el procedimiento» de otorgamiento del mencionado permiso, ya que «el Decreto 356/2010 en su artículo 19 exige la previa verificación de la compatibilidad ambiental para someter el expediente a información pública a fin de cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación». Ese informe se emitió el 13 de enero de 2014 y fue «con posterioridad al mismo y por tanto a la información pública, entre enero y febrero de 2014», cuando, según ha constatado el tribunal, «la empresa Emed Tartessus S L U presentó numerosa documentación que se consideraba indispensable para la tramitación del expediente». Entre ella constaban datos relativos a suelos contaminados, a la ampliación del estudio acústico, a escombreras activas y pasivas, al estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000 o a la aplicación de mejoras técnicas disponibles en el proceso de deposición de estériles y al análisis de alternativas a éste, entre otras cuestiones. Todas ellas «no han sido objeto de información pública» y, aunque «efectivamente el dictamen ambiental posterior fue notificado a los interesados personados en el expediente», anota el TSJA, «se ha impedido la participación pública en una de las fases del procedimiento tal como exige el artículo 19 del Decreto», recalca.

En la sentencia se matiza que, si bien es cierto que «existe información pública en el expediente» y por tanto no se puede «hablar de nulidad de pleno derecho», sí se sostiene la «anulabilidad por acordarse en un momento previo al informe de compatibilidad como exige la norma y, lo que es más importante, sin posibilidad en esa fase de examinar toda la documentación aportada después de la información pública e informe de compatibilidad ambiental» y que suponía «una modificación del Proyecto de Explotación elaborado por la Nueva Dirección General de la Compañía resultando ser un 'brownfeld' y no un 'greenfield' y que se referían entre otras cosas al tema más sensible desde un punto de vista ambiental como eran los depósitos de estériles mineros». En definitiva, el Alto Tribunal regional estima el recurso de Ecologistas en Acción e invalida, «por no ser ajustada a derecho», la Resolución de la Junta ligada al yacimiento de Riotinto.

Fuentes de la organización «verde» destacan que lo que sí se entiende en el fallo «ajustado a derecho» es que, «en junio de 2014, el viceconsejero de Medio Ambiente denegara la suspensión de la autorización ambiental, 'ya que la AAU por sí misma no autoriza la actividad minera, corresponde a una fase anterior al otorgamiento de los derechos mineros y al de aprobación del proyecto de explotación y del plan de restauración por las autoridades competentes en la materia'». Al hilo de esa afirmación, el miembro del área de Minería de Ecologistas Antonio Ramos subraya a LA RAZÓN que «en estos momentos» la empresa «está trabajando ilegalmente», tras tumbar el TSJA la AAU, y «la Administración es también responsable de ello». En ese sentido, los ecologistas recuerdan que «los permisos se le concedieron a la mina justo antes de las elecciones andaluzas que Susana Díaz –la presidenta del Gobierno regional– adelantó a marzo de 2015». «Primaron los intereses electoralistas sobre la legalidad ambiental, los derechos de información y la participación ciudadana», lamentan. Y suma Ramos: «Si hubiese un accidente en las balsas que contienen lodos en una cantidad 10 veces superior a la de Boliden que se rompió en Aznalcóllar en abril de 1988 en estas circunstancias, ¿qué pasaría?». Su entidad lleva años advirtiendo de que «las consecuencias podrían ser catastróficas» y en concreto desde 2015 poniendo en duda que «el proyecto Riotinto pueda garantizar la seguridad de sus grandes presas mineras, Gossan, Cobre y Aguzadera», durante la década de «vida útil» autorizados. La Junta ya ha anunciado que interpondrá un recurso ante el Supremo y lanzado un mensaje de tranquilidad a la Cuenca Minera ¿a las puertas de otros comicios? Atalaya Riotinto Minera, de su lado, ha apuntado que el fallo no «pone en tela de juicio la gestión y seguridad de las instalaciones mineras» y que «no tienen ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía». Habrá próximo capítulo.

Polémicas reaperturas de varios yacimientos

Desde el Gobierno andaluz se ha impulsado la reapertura de minas como la de Riotinto, Cobre Las Cruces o Aznalcóllar, pero sobre ellas pesan algunas sombras, como demuestra el hecho de que hayan acabado en los tribunales. Distintos juzgados investigan ya en la comunidad causas con ellas como protagonistas.