La Junta fortalece la participación de la sociedad civil en las tareas de Gobierno

La Junta ha aprobado el proyecto de Ley del Diálogo Civil de Castilla y León, que refuerza la participación de la sociedad en las tareas de Gobierno. De esta forma, y una vez que las Cortes respalden el texto, el Gobierno popular que preside Juan Vicente Herrera en Castilla y León será el primero en España que regulará la participación de la ciudadanía en las normas, estrategias, planes y reglamentos que elabore el Ejecutivo autonómico así como las iniciativas y consultas populares no referendarias sobre cuestiones específicas.

«Votar cada cuatro años ya no es suficiente en una Democracia del siglo XXI que debe ampliar el espacio de la sociedad civil en la política», señalaba el vicepresidente José Antonio de Santiago-Juárez, al presentar el proyecto que ahora se remite al Parlamento autonómico para su debate y enriquecimiento. El también consejero de la Presidencia explicaba que con esta iniciativa, en la que se llevan dos años y medio trabajando, se cierra un círculo que empezaba con el Gobierno Abierto y la Ley de Transparencia, y aseguraba que el objetivo final de este proyecto de Ley es paliar la desafección hacia las instituciones de una parte de la ciudadanía; dar a esta mayor protagonismo y aprovechar su caudal de ideas y experiencias; pero, también y sobre todo, conseguir que los ciudadanos se impliquen y se «sientan cómplices» de la política.

La iniciativa contempla hasta tres fórmulas de participación ciudadana en las tareas de Gobierno: la del diálogo civil, que será obligatorio para la elaboración de normas, estrategias, planes y programas de la Junta; las iniciativas ciudadanas, figura nueva que no existe en ninguna otra comunidad; y las consultas populares, no referéndum, vía telemática para asuntos específicos. También se crea la Plataforma del diálogo civil en la que se colgará toda la información sobre el trabajo de los órganos de participación.

El ámbito de aplicación se circunscribe al Gobierno y a la Administración de la Comunidad y precisa que este diálogo civil no debe interferir ni con los acuerdos políticos en el ámbito de las Cortes ni al diálogo social.

Un mínimo de tres ciudadanos podrá plantear a la Junta una norma o plan y también una consulta no referendaria sobre cuestiones concretas. También podrán ejercer ese diálogo civil los movimientos asociativos que están presentes en los treinta consejos de participación de la sociedad civil que hay en todas las áreas de la Administración regional cuando se elabore una norma con rango de ley o reglamento, en planes, estrategias o programas y la evaluación de los mismos. El vicepresidente del Gobierno Herrera insistía en que con esta iniciativa «no se hurta el papel de la democracia participativa», sino que «se amplía el espacio de la sociedad civil y se reduce el político». Igualmente, apuntaba que este Diálogo Civil tampoco choca con el Diálogo Social porque éste último negocia, toma acuerdos y está formado por Junta, patronal y sindicatos, mientras que en el primero la interlocución y los órganos son distintos».

Consultas populares

Respecto a las consultas populares, De Santiago-Juárez dejaba claro que estas no son referenciadas y se parecerán lo menos posible a un referéndum. Además, explicaba que estas consultas se dirigirán a un colectivo determinado y no al conjunto de la ciudadanía, y se llevarían a cabo de manera telemática. Mientras que el resultado de la misma no obliga a nada pero sí que se tendrá en cuenta por la Administración en su acción de Gobierno.

Cumbre autonómica frente a la despoblación

El presidente Herrera participará este lunes en Zaragoza en una cumbre autonómica, junto a sus homólogos de La Rioja, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias y Aragón, para hablar de financiación y, sobre todo, los desafíos demográficos frente a la despoblación. «Este encuentro se enmarca dentro del autonomismo útil, constitucional y cooperativo que siempre hemos defendido en Castilla y León», destacaba la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, quien recordaba que todavía está pendiente la puesta en marcha de la estrategia nacional comprometida por el Gobierno para hacer frente a la despoblación. E insistía en la necesidad de abordar cuanto antes la reforma de la financiación que reciben las autonomías del Gobierno para asegurar el Estado del Bienestar en cada territorio.