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Las diputaciones quieren gestionar fondos europeos contra la despoblación

Y reclaman al Gobierno que flexibilice el techo de gasto

  • Foto de familia de los presidentes de las diputaciones con el presidente de la FEMP, Abel Caballero
    Foto de familia de los presidentes de las diputaciones con el presidente de la FEMP, Abel Caballero / La Razón
Pontevedra.

Tiempo de lectura 2 min.

13 de febrero de 2018. 20:46h

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J. Prieto.  Pontevedra. 14/2/2018

Las diputaciones provinciales de la Comunidad quieren gestionar fondos europeos específicos para luchar contra la despoblación. Esta es la principal petición que hacían su responsables, ayer en Pontevedra, durante la reunión de la Comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Un demanda que se plasmaba en un acuerdo consensuado por todas las instituciones provinciales, cabildos y consejos insulares presentes, por el que se exigirá a la Comisión Europea que permita a las diputaciones poder gestionar recursos procedentes de los Fondos de Cohesión para fijar y atraer población a los pueblos. «Somos las entidades más cercanas y que mejor conocen al ciudadano que vive y trabaja en el medio rural, además de grandes gestores del dinero público», destacaba Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, para quien conseguir esta partida específica en los futuros recursos de Cohesión Europea que se repartan a partir de 2020 «es una prioridad».

El presidente soriano, Luis Rey, por su parte, destacaba la necesidad de que a esta financiación para zonas despobladas se reserve también otra partida específica, como puede ser el 5 por ciento de los Fondos Leader o Feder, para combatir la crisis de territorio que, como Soria, afecta a muchos lugares de Europa. Los presidentes de las diputaciones realizarán en abril un viaje a Bruselas para buscar el respaldo de la UE en la toma de decisiones frente a la despoblación. Además, el acuerdo se enviará a la Comisión Europea para ir metiendo presión de cara a la negociación de la próxima política de cohesión.

Otro de los acuerdos adoptados es pedir al Gobierno de Rajoy que se flexiblice el techo de gasto a las entidades locales para que puedan reinvertir el superávit y prestar mejores servicios a los ciudadanos.

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