El Govern y Colau se enzarzan por los presupuestos a las puertas de la negociación

Los «comunes» denuncian «recortes» en las cuentas y el ejecutivo sale al paso para desmentirlo.

Las opciones para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat menguan día tras día. Al rechazo de la CUP a negociar las cuentas, el Govern se ha quedado solo con los «comunes» como único aliado posible, que poco a poco ha ido endureciendo su posición y el tono. Si hace unos días condicionaba el «sí» a los presupuestos a que los partidos independentistas respaldaran los del Gobierno por el dinero que recibiría Cataluña para aumentar el gasto público, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se armó de razones para imponer esa condición tras conocer, con indignación, que el gobierno catalán podría reducir finalmente en un 30 por ciento la partida comprometida para el Consorcio de la Vivienda de Barcelona, que tiene como objetivo desarrollar políticas de vivienda.

El ente público, compuesto en un 60 por ciento por la Generalitat y en un 40 por ciento por el Ayuntamiento de Barcelona, ha sido descuidado desde hace años por la administración catalana, un comportamiento que se había comprometido a corregir en 2019 aumentando su contribución, pero finalmente parece haber reculado. Así lo deparó la reunión del consorcio del pasado 21 de septiembre, en la que participaron el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y Colau: el organismo iba a estar dotado de 36,5 millones de euros, de los cuales 9,1 saldrían de las arcas de la Generalitat (un 24,9 por ciento) y 27,4 de las arcas municipales. Una distribución de los gastos que no se corresponde con la participación de cada administración en el ente, pero que obtuvo el beneplácito de Colau. Si bien, hace una semana, el consistorio recibió una notificación de la Conselleria de Territorio en la que se informaba de un «ajuste» en el gasto, lo que conllevaría un recorte del 30 por ciento de lo previsto, unos tres millones de euros.

En este sentido, cabe destacar que la política de vivienda pública es un área de gran sensibilidad para Colau, que además concluirá su mandato sin haber logrado lo prometido en la campaña electoral de 2015: se prometieron 8.000 nuevos pisos de alquiler social y solo lograrán terminar en torno a 1.200. Por ello, la alcaldesa tildó ayer la maniobra de «vergüenza e inaceptable».

En la misma línea se expresó el diputado de los «comunes» en el Parlament, David Cid, que además pidió la comparecencia del conseller de Economia, Pere Aragonès; de Empresa, Àngels Chacón; y de Territorio, Damià Calvet. En este sentido, denunció que el recorte en el consorcio «no es algo aislado», sino algo «generalizado». Según explicó, Aragonès ha enviado a todos los departamentos una instrucción para que recorten un 5 por ciento de sus presupuestos. Este extremo, sin embargo, lo desmintió más tarde la conselleria de Economía, que aseguró que ese ajuste corresponde a la orden del cierre contable, pero que no supone un recorte del gasto. Calvet también desmintió a Colau y aseguró que el compromiso con el consorcio se mantiene «inalterable».