JxSí centra la precampaña en demostrar la ilegalidad del 155

Tras la cascada de autocríticas de los dirigentes independentistas sobre la falta de preparación para materializar la ruptura con España, maniobra a caballo entre la reorientación estratégica y la actuación prudente que requieren los procesos penales que tienen abiertos por el «procés», el separatismo ha regresado a la actividad parlamentaria con la vista puesta en contraatacar la aplicación del artículo 155 del Gobierno de Mariano Rajoy.

Tras la cascada de autocríticas de los dirigentes independentistas sobre la falta de preparación para materializar la ruptura con España, maniobra a caballo entre la reorientación estratégica y la actuación prudente que requieren los procesos penales que tienen abiertos por el «procés», el separatismo ha regresado a la actividad parlamentaria con la vista puesta en contraatacar la aplicación del artículo 155 del Gobierno de Mariano Rajoy. La decisión, testimonial y contradictoria porque lo están legitimando con su propia concurrenca a las elecciones del 21 de diciembre, permite al secesionismo atraerse a los «comunes» –contrarios al 155– e intentar retratar al Estado si sale bien la maniobra.

El paso se dio tras la primera sesión de la Diputación Permanente que tuvo lugar ayer, en la que se escogió al vicepresidente, Lluís Guinó, y secretario segundo de la Mesa, David Pérez, y se aprobó por unanimidad el decreto ley para devolver a los funcionarios de Justicia de la Generalitat las prestaciones económicas de incapacidad temporal recortadas en 2012. Posteriormente, y a petición de tres diputados de Junts pel Sí de este órgano de la cámara –hace las veces de Pleno entre periodos y cuando el Parlament se ha disuelto–, se reunió la Mesa para tramitar la solicitud de un dictamen al Consell de Garanties Estatutaries para poder elaborar un recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra el 155.

El Consell de Garanties ya se pronunció a petición del Govern, y alegó que algunas medidas no se adecuaban ni a la Constitución ni al Estatut, pero ahora debe hacerlo sobre la solicitud del Parlament para que, según fuentes parlamentarias, ambas instituciones puedan acudir al TC conjuntamente. En este sentido, en el escrito elevado por la coalición independentista, se pone el acento en la extralimitación de funciones del Gobierno con la disolución de la cámara catalana con el 155. Para Junts pel Sí, este artículo, tiene como misión «obligar al cumplimiento forzoso de las obligaciones», lo que traducen como «centrarse en dar instrucciones y no destituciones o ceses».

Con todo, una vez reciban de vuelta el dictamen del Consell de Garanties, el separatismo solo podrá interponer el recurso si obtiene el beneplácito de la Diputación Permanente, donde ahora no tiene mayoría absoluta después de un despiste de la CUP, cuya representante, Eulàlia Reguant, dejó la cámara para marcharse como concejala al Ayuntamiento de Barcelona y la fuerza anticapitalista se olvidó de cubrir esa plaza cuando se configuró el órgano. De esta manera, ahora quedan 11 diputados separatistas y 11 no independentistas –en total 22, cuando deben haber 23–, aunque hay dos de Catalunya Sí Que Es Pot, que ha criticado enfurecidamente el 155 y podrían abstenerse para facilitar el trámite del recurso.

En todo caso, en la retina de los partidos contrarios al proyecto rupturista y los «comunes» sigue las sesiones del 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron la Ley de Transitoriedad Jurídica y la Ley del Referéndum, en las que sufrieron el rodillo separatista y no pudieron presentar recursos al Consell de Garanties.

Pese a todo, como recordó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el martes, la aplicación del 155 es una medida excepcional e inédita en toda Europa «desde la Segunda Guerra Mundial», lo que también contribuye a generar expectativas ante el posicionamiento del TC y a convertirse en una baza del separatismo, en horas bajas y en fase de repliegue. Ayer, esta dinámica encaminada a aparcar el «procés» y hacer autocrítica, la volvieron a confirmar más dirigentes, como la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, que asumió errores y apuntó que la estrategia pasa por ampliar la base social.

Asimismo, la secretaria primera de la Mesa, Anna Simó (ERC), –investigada por rebelión, sedición y malversación–, también se expresó en esa línea de echar el freno al proyecto secesionista y, en una entrevista en Nació Digital, aseguró que la «vía unilateral» para alcanzar la independencia en la próxima legislatura es imposible. Idea que también expuso ante el fiscal durante su declaración el jueves pasado, según precisó.