La Generalitat quiere competencias del Gobierno en seguridad privada

Espadaler reclama más funciones para los Mossos d'Esquadra

El anterior conseller de Interior, Felip Puig, tuvo numerosos rifirrafes con el Gobierno, por diversos motivos, entre ellos el ámbito competencial. El actual titular del departamento, Ramon Espadaler, parece que no le irá a la zaga. Ayer avisó de que su intención es que sea la Generalitat quien ejecute la autorización, inspección y sanción en seguridad privada.

No obstante, estas competencias están incluidas en el anteproyecto de la Ley de Seguridad Privada del Gobierno, por lo que a nivel legal la Generalitat no podría ejercer estas funciones.

«Batallaremos»

Espadaler anunció que su departamento «batallará para que esta normativa que impulsa el Gobierno no invada competencias autonómicas o prive a la Generalitat de desarrollar las funciones que recoge el Estatut, que no se contemplan en el borrador del Gobierno».

Según el conseller, el «horizonte óptimo» sería que la Generalitat pasara a controlar todos los aspectos relativos a la seguridad privada, de acuerdo con el artículo 163 del Estatut. Según la ley vigente sobre seguridad privada, en Cataluña las competencias para autorizar, inspeccionar, controlar y sancionar a los detectives privados corresponden a la Policía Nacional, mientras que a la Generalitat le corresponde la inspección del servicio de los vigilantes.

Además, desde 2007 los Mossos pueden inspeccionar los servicios de detectives en el ámbito exclusivo de Cataluña, gracias a un convenio firmado entre la conselleria y el Ministerio de Interior. La Policía Nacional también tiene arrogada por ley la competencia para ser depositaria de los libros de registros de las agencias de detectives que cierran, si bien los Mossos también lo pueden reclamar para custodiarlos durante cinco años.

Ante esta situación, Espadaler lamentó que el borrador que ha elaborado el Gobierno «no haya tenido en cuenta lo establecido en el Estatut», por lo que ha anunciado que presentarán enmiendas para que no se invadan competencias de la Generalitat.

Por contra, Espadaler subrayó que, a su juicio,el borrador del Gobierno recoge elementos positivos que parten de iniciativas de la Generalitat, como autorizar a que la vigilancia privada se encargue de la seguridad en los perímetros de las prisiones o que se otorgue la condición de «autoridad pública». Parece difícil que la voluntad de la Generalitat llegue a buen puerto, al ser competencias gubernamentales.