Oriol Pujol, ante un jurado popular por las ITV

La juez inicia el proceso para que nueve ciudadanos decidan si es culpable o no de los delitos de cohecho y tráfico de influencias

Oriol Pujol puede ser el primero de la familia del ex presidente de la Generalitat en sentarse en el banquillo de los acusados. Su panorama judicial no es, precisamente, todo lo halagüeño que le gustaría. El «caso de las ITV» se encuentra en su recta final. De hecho, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes jurídicas, la magistrada Silvia Pérez Mejía, quien retomó la causa tras la inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una vez que Oriol Pujol renunció al acta de diputado por CiU en el Parlament, ha iniciado ya los trámites para continuar la causa por el procedimiento de Tribunal de Jurado, con lo que, llegado el caso, serían nueve ciudadanos los que tendrían que decidir sobre su inocencia o culpabilidad, es decir, si medió para modificar en la Cámara catalana la Ley de Seguridad Industrial, en 2008, para favorecer a unos empresarios amigos que «tenían interés en conseguir, de una u otra manera» –pero sin seguir el procedimiento legalmente establecido–, la adjudicación de estaciones de ITV.

Los motivos por los que Oriol Pujol sería enjuiciado por un jurado popular no es otra que los dos delitos de los que está acusado, tráfico de influencias y cohecho, están entre aquellos para los que tiene competencia. En un primer momento, el TSJ de Cataluña le imputó por un delito de tráfico de influencia, en marzo de 2013, al considerar que había indicios de que «gracias a su peso político», como secretario general de CDC, y «sobre todo» como presidente parlamentario de CiU, quiso «conseguir» la adjudicación de establecimientos de ITV «con el objetivo de obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos y colaboradores».

El TSJC señalaba en esa resolución que Oriol Pujol «colabora» con los empresarios Sergio Alsina y Ricard Puignou, así como con Josep Tous, presunto «mediador», para que «se pudiera realizar el nuevo plan territorial de estaciones de ITV» diseñado por el propio Tous, en el que «además de ampliar considerablemente el número de estaciones para poder salir todos ellos

beneficiados, se denegara la autorización que le fue concedida a otra empresa del sector».

Posteriormente, el pasado mes de marzo, el TSJ catalán le imputó también por el delito de cohecho, por pedir supuestamente 30.000 euros para votar en el Parlament a favor de los intereses de la trama. En el escrito de Anticorrupción donde solicitaba esa imputación, se destacaba que Oriol Pujol «era el político que, valiéndose de su cargo en beneficio propio y traicionando el interés público, asumió y ejecutó las pretensiones formuladas por el imputado Ricard Puignou, quien, a su vez, se valió del imputado Sergi Alsina para utilizar al parlamentario imputado durante la tramitación de la ley y su reglamento».

Meses después, el entonces instructor de la causa, Enric Anglada, ordenó a Vigilancia Aduanera una investigación sobre el patrimonio de Oriol Pujol y su esposa, Anna Vidal, decisión que fue confirmada el pasado junio. Un mes después, el hasta entonces diputado de CDC renunciaba a su escaño, y, con ello, la causa volvía al juzgado donde comenzó la investigación.

700.000 euros en comisiones

La actual instructora, Silvia Pérez Mejía, además, ha apreciado que el hijo de Jordi Pujol, a través de su mujer, pudo cobrar casi 700.000 euros en comisiones entre 2005 y 2012 por utilizar su influencia política para beneficiar los proyectos de su amigo Sergio Alsina. Así lo señalaba en un auto del pasado día 2, en el que unía las dos investigaciones, al entender que arrojan indicios de un mismo delito de cohecho que el ex diputado de CDC habría cometido, al cobrar, supuestamente, comisiones a través de su esposa «por servicios prestados en atención a sus influencias políticas».