Puigdemont retoma el pulso con Rajoy por los recursos ante el TC

Gobierno y Generalitat han ensayado durante las últimas semanas un deshielo en sus relaciones que ha permitido recuperar cierta fluidez en la comunicación política. El momento escogido para el deshielo, sin embargo, no es el mejor posible, ya que la precampaña de las generales lo condiciona todo. El Gobierno aprobó ayer la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra algunos artículos de la ley catalana contra la pobreza energética y la Generalitat salió de inmediato al paso a poner el grito en el cielo.

El propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se encargó de hacerlo, sugiriendo incluso caer en la desobediencia: «En Cataluña iremos haciendo y no esperaremos que a ellos les parezca bien lo que hacemos. Nosotros queremos atender a nuestras personas más vulnerables. Si otras comunidades no lo han propuesto no es culpa nuestra», afirmó.

El recurso contra la mencionada ley ha sido motivo de intensas conversaciones entre el Gobierno y la Generalitat en las últimas semanas. Lo trataron Mariano Rajoy y Puigdemont en su primera entrevista oficial, y volvieron a hacerlo Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras en la reunión que mantuvieron anteayer. Aunque en este punto no hubo acuerdo –en otros cinco asuntos que también son objeto de disputas competenciales sí que lo hubo–, el Gobierno quiso tener un gesto de «fair play» con la Generalitat: el director de gabinete de la presidencia del Gobierno telefoneó a su homólogo catalán para explicarle los argumentos del recurso ante el TC.

Horas después, compareció ante la Prensa la vicepresidenta del Gobierno para subrayar que que el recurso no se dirige contra los artículos que prevén la actuación de la Generalitat contra la pobreza energética –porque así lo entiende el Consejo de Estado–, sino contra «aspectos procesales» como el procedimiento de mediación que recoge la ley, y «aspectos civiles» que afectan al derecho a la propiedad, «que tiene que ser igual para los españoles».

Fuentes de la Generalitat lamentaron que el recurso del Gobierno «mantiene las obligaciones de realojar a las familias en riesgo de perder su hogar y evitar desahucios, pero elimina las herramientas para conseguirlo». Y es que el Ejecutivo en funciones ha recurrido, con petición de suspensión cautelar, la obligación de los bancos de ofrecer alquiler a las familias antes de desalojarlas, así como la cesión temporal obligatoria a las administraciones que lo requieran del uso de viviendas vacías de entidades financieras. También ve inconstitucional y pide suspender la obligatoriedad de mediación entre los bancos y las familias para cancelar la deuda hipotecaria, tanto para quienes están a punto de perder su casa como para quienes arrastran deuda tiempo después de perder su vivienda.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por su parte, también entró al trapo. La ex activisita de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no dudó en ausentarse del pleno municipal durante unos minutos para realizar declaraciones y acusar al Gobierno de «arrogancia, imprudencia e irresponsabilidad» por el recurso contra varios aspectos procesales de la ley catalana contra la pobreza energética.

El recurso del Gobierno se conoció después de que el pleno municipal aprobara con el apoyo de CiU, ERC, PSC, CUP y BComú una propuesta de los republicanos que pide al Ayuntamiento que cumpla las leyes catalanas de emergencia habitacional y pobreza energética e inste al Gobierno a no recurrirlas. «Que un gobierno en funciones se atreva a recurrir, a intentar paralizar una ley aprobada con tanto consenso que además era imprescindible para hacer frente una de las peores problemáticas que sufrimos, que son los desahucios masivos, la emergencia habitacional y la pobreza energética, directamente no tiene nombre», dijo Colau.

El tema promete convertirse en uno de los debates de la larga precampaña que va a vivir España hasta la celebración de las elecciones generales en junio. Y En Comú no dudará en explotarlo porque ése es su terreno político.