El Consell acude a la Justicia para recuperar el dinero de Nóos

La Generalitat se personará en el caso Nóos para «garantizar que cualquier euro percibido indebidamente por el Instituto Nóos vuelva a la Generalitat». Esta es la razón esgrimida por el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, para justificar que el Gobierno valenciano haya decidido presentarse como parte en el caso de corrupción que tiene como principal actor a Iñaki Urdangarin.

La decisión se ha tomado después de que los servicios jurídicos del Consell hayan realizado un exhaustivo análisis del auto emitido por el juez instructor del caso, José Castro, en el que sugería a la Generalitat a adherirse al proceso. En este documento es en el que se fijó al duque de Palma y a su socio Diego Torres una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros.

El Gobierno balear, Autonomía en la que el caso Nóos realizó el grueso de su actividad, también está personada en el caso.

La Generalitat recurrirá por la vía civil, aunque podría «si se diesen circunstancias excepcionales acudir a la vía penal». De hecho, el acuerdo que leyó ayer el vicepresidente Císcar contempla la «reserva» de la penal. Aseguró que para que se diese este último supuesto sería necesario que el Ministerio Fiscal y la acusación particular decidiera no ejercerla.

No obstante, también admitió, sin especificar, que también habían pesado razones «políticas» para que la Generalitat no optase directamente por esta última opción. En cualquier caso, estas no tienen que ver con el hecho de que esté imputado en la causa un miembro de la Casa Real.

Císcar insistió en que la reclamación civil es suficiente puesto que el convenio suscrito entre la Generalitat y el Instituto Nóos para la organización de los Juegos Olímpicos Europeos es correcto desde el punto de vista administrativo.

Se firmó por tres millones de euros, de los que se pagaron 380.000 en facturas que sí se ajustaban al objeto del mismo. «Lo que no podíamos saber es que podían estar duplicadas y que además de a la Generalitat se pasaban al Gobierno balear» y añadió que «había una Fundación que estaba engañándonos».

El desfalco del Instituto Nóos en la Comunitat Valenciana está relacionado con dos eventos. Además de la ejecución de los Juegos Olímpicos Europeos a los que se refirió ayer Císcar y cuyo contrato se suscribió con la Generalitat, también se reclamará por la celebración de las ediciones del Valencia Summit. Fuentes de Presidencia explicaron que se seguirá el mismo proceder, pero que es necesario que así lo acuerde el Consejo de Administración de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que fue quien suscribió el acuerdo.

El Ayuntamiento de Valencia, sin embargo, busca permanecer fuera de toda polémica y niega cualquier implicación en la trama Nóos. Ayer su vicealcalde, Alfonso Grau, aseguraba que el Gobierno de Rita Barberá no puede personarse en el caso «porque legalmente no forma parte del litigio y la prueba más evidente es que el juez no se ha dirigido al Consistorio para que se persone como sí ha hecho con otros».

Dijo que el Juzgado que instruye el caso se ha dirigido a la Generalitat, a la Ciudad de las Artes y a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVC), «pero no al Ayuntamiento». Pese a admitir que personal del Ayuntamiento recibió a los invitados de la Valencia Summit, negó que los escritos reflejaran ninguna vinculación con la trama.

No obstante, tanto los socialistas como EU creen que el paso tomado por la Generalitat obliga a Barberá a personarse en el caso, ya que también suscribió convenios con el Instituto investigado. A juicio del portavoz socialista, Joan Calabuig, Barberá «no puede seguir escudándose en que no tienen nada que ver con la FTVC, que fue la que suscribió los convenios con Nóos, cuando la participación municipal en sus presupuestos es del 38 por ciento.