El PP pide la dimisión de Salvador por la sentencia del TC

La portavoz de Vivienda y Medio Ambiente del Grupo popular en Les Corts, Elisa Díaz, pidió ayer la dimisión de la consellera María José Salvador tras la sentencia del Tribunal Constitucional que a su juicio «tumba la pésima gestión de vivienda del Botánic».

Díaz señaló en un comunicado que desde «un principio advertimos de que esta ley tenía preceptos inconstitucionales especialmente en lo referente a la ocupación de viviendas vacías y a las medidas contra la pobreza energética, y el tiempo nos ha dado la razón».

El Tribunal Constitucional ha estimado en parte un recurso presentado por el presidente del Gobierno en 2017 a ley de la función social de la Vivienda de la Generalitat Valenciana y ha anulado algunos artículos de la norma, aunque considera ajustado a derecho el artículo sobre viviendas deshabitadas de forma permanente e injustificada.
En una sentencia aprobada por mayoría y en la que existen dos votos particulares, se declaran inconstitucionales el apartado 1 del artículo 6 por invadir la competencia estatal en materia procesal y constituir una injerencia en la regulación para hacer frente a los desahucios.
Por contra, el Alto Tribunal considera constitucional el artículo 5, en el que se establece que existirá incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda cuando esté deshabitada de forma permanente e injustificada.
Tampoco aprecia inconstitucionalidad en los apartados 1 y 3 del artículo 23 sobre pobreza energética, al reconocer que las comunidades autónomas pueden establecer ayudas para garantizar el suministro eléctrico a las personas que se encuentren en dificultad económica, siempre que esas ayudas no interfieran en el sistema de costes e ingresos regulados a nivel estatal.

Por su parte, el presidente de la Generalitat señaló que «la voluntad política de que los valencianos tengan derecho constitucional a una vivienda digna es absolutamente vigente y continuará siendo vigente a través de las políticas que vamos a implementar» y añadió que «evidentemente, nosotros pensamos que hay una responsabilidad social de todas las entidades en favor de un deber común, que es el derecho a la vivienda».

Desde el grupo Ciudadanos, reclamaron ayer al Consell que explique «cuál es el plan B» para la ley de función social de la vivienda.

La diputada María José García dijo que «era del todo previsible y para lo que la Conselleria de Vivienda ya debería tener soluciones preparadas». Según García, Cs «ya advirtió en su momento que esta norma valenciana tenía visos de inconstitucionalidad».

Desde Podem aseguraorn asegura que la decisión del Tribunal Constitucional les hace preguntarse por las «prioridades» del Gobierno socialista respecto a las políticas sociales y, en concreto, de los intereses de los valencianos.

«Con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno intuíamos que iba a desbloquearse la situación de algunas leyes que se habían impulsado desde Les Corts» y añadieron que «lamentamos la decisión del Tribunal Constitucional y en esta ocasión se nos hace más duro de digerir si cabe».

Los últimos coletazos de Mariano Rajoy

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, aseguróayer que «ni los coletazos de Rajoy van a poder frenar la apuesta por la vivienda social y digna que ha emprendido el Consell del Botànic por que llevamos tres años muy comprometidos para que el derecho a una vivienda digna se aplique en nuestras leyes.